José María García León

Un informe inquietante

Observaciones sobre los enterramientos de personas todavía vivas

UNA de las cuestiones más chocantes y recurrentes de la ciencia forense a lo largo de la historia ha sido la de los enterramientos de personas todavía vivas, cuando en verdad sólo aparentemente habían muerto. Desde la asombrosa resurrección de Lázaro en los Evangelios hasta obras literarias como El entierro prematuro de Edgar Allan Poe, dicha cuestión ha sido objeto de grandes controversias, donde los razonamientos científicos se han mezclado con las hipótesis más arriesgadas y fantásticas. Una de las explicaciones más socorridas, entre otras, ha sido la catalepsia, trastorno repentino del sistema nervioso que acarrea la pérdida momentánea de movilidad y sensibilidad en el cuerpo humano y que en épocas pasadas su explicación no estaba tan asumida como hoy en día.

Ya el médico alemán Joham Peter Frank (1745-1821) catedrático de la Universidad de Gotinga, siguiendo las directrices del Despotismo Ilustrado, introdujo el principio de que los gobernantes debían preocuparse activamente de la salud de sus súbditos, erigiéndose así en el precursor de la medicina social. Para ello publicó una serie de consideraciones médicas que iban desde los cuidados y educación de los niños, hasta la eliminación de las aguas residuales, pasando por la manipulación y tratamiento de los alimentos. El tomo cuarto de su obra iba dedicado precisamente a lo que denominó muerte aparente.

Con todo, sea como fuere, con esa explicación o con cualquier otras, lo cierto es que cabe preguntarnos, ¿Cuántos infelices han sufrido esa fatal suerte?

En el Archivo Histórico Municipal de Cádiz, caja 3.782 (Documentos Varios (1872-1880) y bajo el epígrafe de Expuesto sobre intervenir el Ayuntamiento en las inhumaciones civiles) existe un curioso informe que la Comisión de Sanidad dirige a la alcaldía de la ciudad. Fechado el 18 de julio de 1876, a modo de manifiesto reproche, se expresan toda una serie de observaciones en torno a un asunto calificado "de la mayor importancia, que sin embargo por desgracia ha estado olvidado".

En dicho informe se hacía especial hincapié en las negligencias cometidas a la hora de los enterramientos de cadáveres por no tenerse en cuenta ciertas medidas de precaución, "cuya oportunidad y eficacia tienen reconocidas tanto la ciencia como la experiencia".

Con el agravante, además, de que ya en su momento habían sido comunicadas al Ayuntamiento y habían sido obviadas no tanto por su coste que, prácticamente era nulo, ni tampoco por su práctica, nada difícil, sino simplemente por no estudiarlas con la debida atención.

Concretamente, se trataba, de una serie de recomendaciones para extremar todas las atenciones posibles a la hora de certificar cuándo una persona había muerto realmente, a fin de evitar fatales resultados como el ser enterradas con vida. Este dato aterrador, ocasionado por una omisión que se calificaba poco menos de imperdonable, se intentaba ahora poder subsanar llamando la atención de la alcaldía para que se confiase a los médicos "este interesantísimo servicio", de lo que se deduce que hasta ese momento los facultativos, una vez muerta la persona, y de acuerdo con los criterios establecidos entonces no realizaban más pruebas complementarias, por falta de medios o negligencia, que les permitieran cerciorarse efectivamente de su fallecimiento.

Parte de la explicación de todo ello, el propio escrito la proporciona en el sentido de que en muchas ocasiones el velatorio prescrito de veinticuatro horas para el cadáver no se tenía en cuenta en su totalidad, sobre todo en épocas de epidemias y en los meses más calurosos del año, en los que el fallecido, tras pocas horas era trasladado desde el lugar de su muerte, por lo general su propia casa, al cementerio. De tal manera que, "si esto que sin duda es favorable para los vivos, puede ser y ha sido de fatales consecuencias para los que solo habían muerto aparentemente".

Como continúa el informe, hubo indudablemente muertes aparentes, pues a veces los movimientos del corazón y la propia respiración se ralentizan tanto que no pueden percibirse y, en cuanto a la rigidez cadavérica, si bien es verdad que se presenta a las pocas horas, existen casos según la edad y, la clase de enfermedad pueden tardar hasta treinta y seis horas sin contar con que dicho signo falta algunas veces, lo que prueba que nada hay cierto sobre este particular que la putrefacción. A renglón seguido, la conclusión es bien simple: "Si así no fuera, no habría que lamentar tantas desgracias de inhumaciones de individuos que solo habían muerto aparentemente. Los casos desde la antigüedad son bien conocidos y no hace falta ahora insistir en un hecho que es sobradamente admitido".

Como casos concretos y a modo de ilustración se citaban varios ocurridos, unos en Francia y otros en España. Así, en el país vecino, desde 1833 hasta 1845, se habían registrado 94 casos de muerte aparente, de los que "35 volvieron a la vida al empezar los funerales, 13 por los cuidados de sus familias, 7 por haber caído violentamente en el ataúd, 9 por haberle punzado los alfileres que sujetaban la mortaja, 5 por la sofocación ocasionada después de cerrada la caja y 19 por retrasos causados en el entierro" (no aclara que fue de los ocho restantes).

Como cabía esperar, tan terribles noticias llamaron la atención del gobierno francés, quien quiso evitar las consiguientes alarmas en la población. En consecuencia, el prefecto del Sena en circular de 25 de julio de 1844 hacía un llamamiento a sus ayuntamientos, diciendo que "a pesar de que el hombre más probo y más esclarecido podía cometer un error de tal calibre e irreparable para siempre, al enterrar a una persona cuya muerte no fue más que aparente", lo cierto era que tampoco podía cundir el pánico por ello. Reclamaba, pues, a los ayuntamientos una "vigilancia activa y la más viva solicitud".

En cuanto a España, en las Cabezas de San Juan en 1855 se dio el caso de una mujer que venía padeciendo una enfermedad bucal que le imposibilitaba tomar alimentos, llegando a un estado de consunción tan extrema y a una fiebre tan alta que murió por esta causa. Ya amortajada y puesta en el ataúd por la mañana, a la madrugada siguiente los que la velaban sintieron ruido en la caja que había sido cerrada poco antes. Una vez abierta, vieron al supuesto cadáver moverse, sentarse y hablar. Pensamos que , tras el primer estupor de los allí presentes, el informe continúa, diciendo que "trasladada a su cama sobrevivió veinte días más, de tal forma que hasta le cupo tiempo para completar sus disposiciones testamentarias que no las había terminado".

Del otro caso registrado por aquellos años, nos da buena noticia Diario de Cádiz de 24 de mayo de 1876 y del que, al igual que el anterior, podemos sustraer ciertos ribetes tragicómicos. Ese día publicaba la noticia de que un caso extraordinario acaecido cerca de Gijón y referente a un joven de 27 años, Demetrio García Barroso, quien, recién llegado de La Habana en evidente estado de demencia, había fallecido a causa de un accidente, del que tampoco se daban mayores detalles. Considerado muerto, a las 24 horas lo llevaron al cementerio, en cuyo depósito de cadáveres permaneció toda la noche. Al día siguiente del entierro, colocado ya en la fosa el ataúd, uno de los sepultureros notó que el muerto daba golpes en la caja. Retirada ésta comprobaron con asombro que el joven abría los ojos, movía la cabeza y estiraba los brazos. Corriendo (pensamos que no sería para menos), los enterradores dieron inmediatamente noticia de lo ocurrido a la parroquia. Poco después lo colocaron en un montón de paja y le dieron de beber un vaso de leche, que, según la crónica, "apuró con ansia".

Sin embargo, lo más extraordinario del caso, si cabe aún algo más, es que conducido a su casa por los familiares, tras ser reanimado por el médico con friegas y fricciones, la crónica del Diario concluye así: "Desde aquel día que podrá llamarse de su resurrección, el demente ha recobrado la integridad de sus funciones mentales".

En nuestro país, finalizaba el informe, hay una ley que puede evitar estas desgracias, pero no se le da cumplimiento: el artículo 77 de la ley de Registro Civil dice "el facultativo que haya asistido al difunto en su última enfermedad deberá examinar el cadáver y sólo cuando en él se presenten señales de inequívoca descomposición extenderá el certificado correspondiente". Se deduce claramente que por entonces el legislador sabía que no había signo más certero de la muerte que la putrefacción. Ahora bien, también se insistía en que todas estas conclusiones no tendrían valor alguno si no vinieran acompañadas de otras medidas más efectivas, como eran las de procurar a los facultativos "los medios convenientes".

Curiosamente, se apuntaba una razón que podríamos considerar tan de índole psicológica o taumatúrgica como algo chusca, consistente en que mientras existían esperanzas de vida en el enfermo, al médico que lo asistía se le colmaba de atenciones por parte de sus familiares, se le mira poco menos que como un ángel salvador y nadie quisiera que saliera de la casa. Sin embargo, en cuanto el enfermo fallecía, salvo raras excepciones que se despachaban con un seco agradecimiento, lo más común era una serie de quejas y reproches por su actuación, provenientes de esos mismos familiares, que, convertidos también momentáneamente en sanadores, no vacilaban en poner en duda los métodos empleados por el facultativo. Entonces, éste se apresuraba a salir de la casa cuanto antes, sin preocuparse por realizar más observaciones en torno al, supuesto o no, cadáver.

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