LA mitad de los niños andaluces se encuentran en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social, según el informe presentado ayer por el comité de Unicef en nuestra comunidad autónoma. La dramática tesitura que atraviesa el sector más desvalido de la sociedad andaluza afecta al 51% de los niños y adolescentes hasta los 18 años, muy superior al porcentaje que mide la pobreza infantil a nivel nacional (35,8%), siendo la región más golpeada por este problema a excepción de las ciudades de Ceuta y Melilla. El documento de la organización de Naciones Unidas para la Infancia se basa en los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para el año 2014 y de la aplicación a los mismos de la llamada Tasa Arope, un indicador europeo que contempla tres variables a la hora de definir una situación de riesgo de exclusión social: la renta insuficiente (ingresos anuales para un nivel de vida digno), privación material severa (por ejemplo, no poder comer carne o pescado varias veces a la semana) y precariedad o baja intensidad en el empleo (menos de dos meses y medio de trabajo para el cabeza de familia). Son estos indicadores los que dibujan un panorama social desolador en Andalucía, que interpela a la conciencia de todos y llama a una movilización general, empezando por las instituciones y los responsables públicos, que debían establecer la lucha contra esta pobreza, que no es lejana sino nuestra, como una de sus preocupaciones y ocupaciones prioritarias. Los directivos de Unicef Andalucía subrayaron ayer que en 2010 se había dado un paso adelante al firmarse en el Parlamento autonómico un Pacto Andaluz contra la Pobreza Infantil, pero que hace falta que todos ellos pasen de la firma al compromiso concreto. El momento en que se ha presentado el informe no ha podido ser más oportuno. Son los días en que se ha desbloqueado la investidura en la Junta, previo a la constitución de un nuevo Gobierno andaluz, y en que se ultiman los pactos que darán paso a la formación de los nuevos ayuntamientos en toda la comunidad autónoma. Alcaldes y concejales, gobernantes y oposición están emplazados a afrontar el desafío que supone el drama de la exclusión de la mitad de los niños de nuestros pueblos y ciudades de las estándares mínimos de bienestar material y protección social. Hace falta un programa que combata esta auténtica emergencia social, empezando por una política económica que genere empleo, puesto que la falta de trabajo de los mayores es en muchas ocasiones el origen decisivo de la pobreza de los niños y adolescentes, sometidos a privaciones impropias de una sociedad desarrollada y condenados a la infelicidad.

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