Paisaje urbano

El indulto

Cualquier medida de gracia a favor de Junqueras y compañía es, aparte de ilegal, un auténtico disparate

Estos días pasados, destacados miembros del Gobierno han vuelto a sacar a la palestra, como de tapadillo, el posible indulto de los condenados en el caso del procés, retomando la cuestión que ya hace un par de meses puso en suerte el Ministro de Justicia aprovechando la solicitud formal realizada desde el entorno de los afectados. Lo que entonces parecía un imposible sólo al alcance de una concepción puramente convencional entre el Derecho y la política, tiende ahora a algo más parecido a una posibilidad cierta en las inquietantes declaraciones de José Luis Ábalos o Carmen Calvo, y más considerando el desahogo con el que puede manejarse el presidente Sánchez con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina.

El indulto en España se encuadra como un derecho de gracia recogido en la Constitución y regulado en una ley decimonónica que administra con discrecionalidad el Gobierno de turno, con la finalidad de acercarse a la justicia material en el caso concreto frente a las consecuencias que se hayan podido derivar de la aplicación estricta de la norma por los Tribunales. El indulto presupone la correcta actuación de la Justicia, y el Gobierno, dice la doctrina, para acordarlo debe ejercer su potestad de manera excepcional, prudente, rigurosa, meditada y motivada. Su finalidad, por tanto, no es propiamente correctora, y se basa en razones de equidad, justicia y conveniencia pública. La ley, además, excepciona expresamente para su aplicación los delitos de traición o contra el orden constitucional, entre los que sin duda se encuentra el de sedición.

Cualquiera, de distinta ideología, que estudie con un mínimo rigor la figura, llegará a la conclusión que cualquier medida de gracia a favor de Junqueras y compañía es, aparte de ilegal, un auténtico disparate. Más o menos así se han expresado los fiscales consultados, y en términos no menos contundentes se espera se pronuncie pronto el Tribunal Supremo. La gravedad de los delitos y la actitud de los condenados que, lejos de arrepentirse, amenazan con reincidir en la conducta delictiva, invalidan ese candoroso deber moral de reconciliación invocado desde el Gobierno para acceder al derecho de gracia. Derecho que, no se olvide, se ejerce en nombre del Rey, al que lo único que ya le falta es rubricar con su firma la libertad de quienes, irredentos, sólo pretenden destruir la unidad que él mismo representa.

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