LOS clubes de fútbol siguen adelante con su amenaza de parar la competición el primer fin semana de abril. Su principal reivindicación es la supresión de la obligatoriedad de un partido por jornada en abierto por televisión. Esta obligación está estipulada desde la famosa Ley Cascos sobre retransmisiones deportivas, que ofrecía un catálogo de emisiones obligatorias por la pequeña pantalla.

Mucho ha llovido desde la promulgación de la famosa ley y mucho ha cambiado el mercado del fútbol. Los clubes, como cualquier tipo de empresa, están inmersos en una profunda crisis económica. En estos momentos de decadencia, se buscan ingresos hasta debajo de las piedras. Por ello, la vista se ha dirigido a su principal fuente de dinero: los derechos televisivos.

Debemos partir de la base de que, como competición privada que es, la LFP es la que debe gestionar única y exclusivamente de sus derechos, sin injerencias políticas. Cifran en unos 150 millones de euros el valor que tendría en pago ese partido en abierto, una pasta para los tiempos que corren.

Hasta aquí, todo perfecto. El problema está en que los clubes son los primeros que deberían estar callados ante la cantidad de dinero público que se ha malgastado en la gestión de empresas privadas. En la actualidad, las deudas con Hacienda y la Seguridad Social superan los 600 millones de euros. A esto podemos añadir las subvenciones públicas de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para la búsqueda de rédito político, la compra de derechos por las televisiones públicas e, incluso, que entidades públicas figuren como accionistas de estas empresas privadas. En definitiva, dinero que sale de los impuestos que pagamos todos para que unos pocos se hagan ricos. ¿Seguirán teniendo los presidentes la desvergüenza de pedir la supresión del partido en abierto? Seguramente sí. La solución: este partido será de pago cuando devuelvan a la Administración todas las deudas y todas las subvenciones.