TRIBUNA

Antonio José Quesada Otero

Los ideales doceañistas y la Constitución del 12 en la sociedad actual

Adía de hoy, pocos son los que no se han hecho eco de la celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812. Aunque solo sea de oídas. Y en algunos casos sin comprender del todo la trascendencia del evento.

Pero no tantos percibimos que la mayoría de los ideales, y de las regulaciones jurídicas que en la actualidad plasman esos ideales de los juristas del doce, siguen conviviendo con nosotros. En los albores de la regulación jurídica de ciertos aspectos que hoy se nos muestran indudablemente inherentes a la persona, no eran conscientes de que esos ideales con que nuestros antepasados doceañistas intentaban romper el hasta entonces infranqueable muro del Antiguo Régimen, trascenderían a generaciones enteras de individuos. A través de esa primera grieta, entraría por vez primera en nuestra sociedad, mortecina aún, la luz de la democracia. Hasta tal punto que hoy, a unos días de la celebración del bicentenario de la Carta Magna de Cádiz, esos ideales aparecen en muchos casos directamente reflejados en nuestro ordenamiento jurídico actual en unos casos, y en otros informándolo de manera importante. Esos ideales son lo que hoy conforman el status jurídico de la mayoría de las democracias occidentales en las que estamos integrados.

La Constitución de Cádiz, sentó las bases de los dos principios jurídicos fundamentales que querían implantar los juristas del doce para conformar una nación democrática, al uso de las por entonces también incipientes naciones democráticas europeas. La soberanía nacional y la división de poderes.

Hoy sería impensable en una nación democrática la ausencia de alguno de estos dos conceptos. Un pueblo que no es soberano, y que en uso de su soberanía no puede elegir a sus cargos, no es un pueblo libre. Y de la misma forma un pueblo en el que sus instituciones no tienen una división de funciones y acumula todas las prerrogativas en un solo individuo o en algún tipo de grupo elitista sectario, tampoco es una sociedad libre. En este sentido me parece muy apropiada la definición de sistema democrático de Robert Dahl que afirma que un sistema es democrático siempre que la mayoría de los que toman las decisiones colectivas del poder, sean seleccionados a través de limpias, honestas y periódicas elecciones en las que los candidatos compitan libremente por los votos y en las que virtualmente, toda población adulta tiene derecho a votar.

En principio esta definición es loable, pero no olvidemos la importancia posterior de la forma de administrar el poder. Adolf Hitler llegó al poder de esa forma que preconiza Dahl. Es necesaria una administración diversa del poder, la no condensación del mismo en unas solas manos. Eso lo tenían claro los juristas del doce y está claro en nuestro actual ordenamiento jurídico.

Efectivamente, de ese ideal es heredero el artículo 1.2 de nuestra actual Constitución española de 1978: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado". Y de ese ideal está imbuida la forma política de nuestro estado que el artículo 1.3 define como Monarquía Parlamentaria.

No cabe duda de que, por encima de la división de poderes indudable de nuestra actual democracia, la figura de las Cortes es hoy nuestra institución más poderosa. De igual manera sucedía con el sistema jurídico establecido por la Constitución de Cádiz, de cuyo linaje desciende el que hoy nos rige. Las Cortes son expresión de la soberanía popular, representan al pueblo español. Aunque hoy son bicamerales, actualmente la potestad de aprobar las leyes y elegir al presidente del ejecutivo lo tienen ellas. Su regulación aparece en el Título III de la Constitución de 1978, artículos 66 y siguientes.

El poder ejecutivo, que en el doce detentaba el monarca, también se ha democratizado. El monarca tiene ahora competencias representativas, simbólicas y como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Entre otras funciones representativas. Al Presidente del Gobierno lo eligen las Cortes por la mayoría que establece el artículo 99. Y las funciones del ejecutivo aparecen en el Título IV, artículos 97 y siguientes.

La Justicia, como todos sabemos, y como en 1812, la ejercen los Tribunales, en una jerarquización bastante similar en algunos casos. Además, el poder de administrar justicia igualmente emana del pueblo. Aunque, debido a la especialización que requiere el ejercicio judicial, el acceso no es por representatividad sino por criterios de capacidad.

No ha cambiado tanto en esencia como vemos la distribución de poderes en la actualidad respecto a 1812. A excepción del ejecutivo, que ya no ejerce el monarca y ha pasado a integrar el elenco de instituciones elegidas por la representación popular. De forma indirecta en este caso. Y, evidentemente, en lo que a competencias de las mismas se refiere, consecuencia de las distintas realidades sociales.

Pero en definitiva lo que más sublima a la Constitución de Cádiz a los ojos de cualquier jurista, o de cualquiera que se acerque al mundo del derecho constitucional, es el sustrato indudable, el cimiento formidable, completamente perceptible, que nuestra primera Constitución construyó, y sobre el que nuestra Constitución actual se construye.

La democracia

A pocos meses para la celebración del bicentenario de "la Pepa", su presencia en nuestra actual sociedad, si bien con un reconocimiento en absoluto proporcional a su trascendencia, está más en auge que nunca. Tanto desde los sectores políticos y jurídicos como sociales en general.

Los juristas con conocimiento que profundicen en la Constitución del doce, no podrán por menos que asombrarse de la herencia jurídica que nos ha proporcionado. De hecho, multitud de actos se preparan por parte de juristas especializados y de la más alta consideración profesional con motivo del bicentenario y para reconocer la herencia de la Constitución de Cádiz. En 2012, está previsto un Congreso de Registradores de la Propiedad en Cádiz, en reconocimiento de la importantísima influencia que ejerció sobre la Ley Hipotecaria Española de 1861.

Los políticos, siempre con las pretensiones oportunistas y publicistas que los caracterizan, han dado también relevancia a nivel nacional a los fastos de la conmemoración del bicentenario de nuestra primera Constitución. Nada más y nada menos que una cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos se celebrará en Cádiz con motivo del bicentenario. Esperemos que con más éxito de asistencia que la que la precede.

La sociedad en general, que valora la norma suprema como garante de sus más importantes derechos y obligaciones, con motivo de la publicidad del bicentenario, también se siente hoy más cerca de nuestra primera constitución. Es un dato curioso que en el buscador de Google, la palabra Constitución aparece en el autocompletar de la herramienta solamente para la Constitución de 1978 y para la gaditana de 1812. Muestra evidente del interés social que suscita.

Todos recordamos, por haber visto multitud de veces, uno de los actos que supusieron el nacimiento de nuestra joven democracia, el juramento de las leyes del reino del Rey Juan Carlos I, que finalizaba con la frase exacta del juramento del art 117 de la Constitución de Cádiz: "si así lo hiciereis, que Dios os lo premie; si no, os lo demande". Dos democracias españolas, la más antigua y la más moderna, separadas ahora por doscientos años.

Máster de Estudios Hispánicos. Universidad de Cádiz.

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