Apocos ha podido sorprender el fallo del Tribunal Supremo, contrario al derecho de objeción de conciencia en Educación para la Ciudadanía. En los medios judiciales se daba por sentado que nunca se iba a consentir la grave desautorización al Gobierno que hubiera implicado un fallo adverso, y para evitarlo se habían tomado las precauciones oportunas, especialmente el traslado de la decisión al Pleno de la Sala Tercera desde la sección a la que le correspondía dictaminar, menos previsible. Ello explica que la ministra de Educación conociera los términos de la resolución y se permitiera grabar un vídeo anunciándolos, incluso antes del comienzo de las deliberaciones. Esta vergonzosa evidencia de un resultado pactado o inducido es otro golpe durísimo para el prestigio de la Justicia, algo que exige el inmediato cese del presidente de esa Sala.

Además, el fallo introduce la recomendación de que la asignatura obligatoria elimine en sus contenidos cualesquiera criterios morales o éticos controvertidos en la sociedad, como si darles carta de naturaleza e imponerlos a los jóvenes no fuera el mismo objeto y razón de existir de EpC. Me conmueve esta preocupación de sus señorías por la recta impartición de la materia. ¡Qué altura de miras! No se había visto mayor candidez desde aquello tan citado de la Pepa sobre el deber de los españoles de ser justos y benéficos. Sólo que ha corrido ya mucho cieno por los desagües de la Justicia española desde entonces para que estas señorías de togas embarradas puedan pasar antes por ingenuos que por hipócritas, si es que simplemente no les ha movido la intención de minar el anunciado recurso de los padres objetores al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Quién vigilará, señorías, que en manuales y centros escolares se respete tan virtuosa recomendación? ¿Qué padres tendrán las narices de recordársela a un profesor o a un colegio cuando se les ha negado su única arma, la objeción? ¿O será el mismo Gobierno que alienta la manipulación de la conciencia de los niños pero no es capaz de garantizar la enseñanza en español en la mitad del territorio nacional, el que se encargará de ello? Una zorra en el gallinero sería más fiable.

Dicen los que tienen contacto con el ámbito judicial que acudir a un juzgado es como ir a la tómbola, pero a partir de cierto nivel ya no importa qué ideología o prejuicio domine al magistrado que te toque. Si el siguiente paso en su carrera depende del favor político, puede darse por hecho, con sabidas y heroicas excepciones, que sus decisiones serán influidas poderosamente por esa circunstancia. Es tan humano mirar por uno mismo… Pero sin Justicia -¿y quién puede creer que la hay en España?- el Estado no es más que un mero instrumento de opresión y extorsión en manos de los que acceden al poder, aunque sea por vías democráticas.