GRIÑÁN ya es presidente de la Junta de Andalucía, al frente de un gobierno compartido con la coalición de Izquierda Unida, y cuya composición ha respondido al guión que se llevaba escribiendo desde que se conocieron los resultados del 25-M. Ahora viene lo más difícil, que es gestionar un presupuesto reducido en casi tres mil millones y, al mismo tiempo, cumplir los compromisos adquiridos de no efectuar recortes en partidas que, tanto PSOE como IU, han calificado de intocables, como son la sanidad, la educación y la dependencia. Además han prometido destinar algunos fondos adicionales a la creación de empleo y a la inclusión social. Y todo ello cumpliendo el límite de déficit del 1,5, aunque sea por imperativo legal, como ha dejado claro Diego Valderas.

Así pues, la gran incógnita es cómo se va a poder llevar esto a cabo, porque Griñán no la despejó, ni en su discurso de investidura ni en sus repuestas a los grupos políticos. Parece que la marca acuñada para el lanzamiento del nuevo Ejecutivo es la de "otra forma de gobernar", que es una manera evidente de marcar distancias con el gobierno de Rajoy al que, dentro de la lógica bipartidista, se le achacarán todos los males que hay que aceptar por esos imperativos de la ley. Por supuesto, el tándem de izquierda se atribuirá las bondades derivadas de su resistencia ante lo que se califica como atentado al Estado de bienestar.

Bien, todo esto entra en el lógico discurso partidario, con el que se intenta poner la venda antes de que aparezca el grano. Lo que pasa es que el PSOE -al que se le supone principal actor de esta nueva situación- no es un recién llegado al gobierno de Andalucía. Lleva más de treinta años ininterrumpidos, a pesar de lo cual no parece que esté dispuesto a aplicarse a sí mismo lo de gobernar de otra manera, a no ser que se lo imponga su nuevo socio, que todo puede ser. Porque alguna responsabilidad tendrá en ese millón largo de parados que hay en Andalucía, en la destrucción del tejido empresarial o en le vergonzoso asunto de los ERE.

Por tanto, si las responsabilidades de la actual situación son compartidas con el gobierno de la nación, y teniendo en cuenta que hasta hace sólo cinco meses gobernaba el PSOE también en España, es poco creíble alardear en estos previos de futuros comportamientos de gestión originales y eficaces, y que puedan dar buenos resultados. Por tanto, habrá que esperar, aunque sean los cien días de rigor que, por cierto no se le han dado al gobierno de España, para saber si es buena, mala o indiferente esa otra forma de gobernar.