EN febrero de 1979, Raymond Carr, el hispanista-zorro, escribió en la revista The Spectator: "Es una bendición que la cuestión catalana haya quedado, por el momento, zanjada gracias al sentido común del presidente Suárez y de Tarradellas". La frase, ya lo habrán advertido, tiene un matiz inquietante, una china que queda alojada en el cerebro: ese "por el momento", que es como la promesa negra de un futuro enfrentamiento. Pues bien, el mal augurio ya se ha cumplido y la bendición toca hoy a su fin con el debate -y presumible aprobación- en el Parlamento de Cataluña de la propuesta independentista de la CUP y Junts pel Sí.

La cuestión es saber cómo se debe actuar a partir de ahora. Entre la propuesta del flamante fichaje de Podemos, el ex Jemad Julio Rodríguez, de "enamorar a Cataluña" -a un general se le pueden perdonar muchas cosas, menos la cursilería-, y la invitación de nuestro Alfonso Guerra para actuar como lo hizo la II República en 1934, que es una cultista invitación a enviar una compañía de Infantería a la Generalitat, dista un camino demasiado largo. Eso sí, la situación nos deja la curiosa estampa de ver a un militar envuelto en el discurso del flower power y a un viejo militante socialista pidiendo al turuta que toque generala. Mientras tanto, los españoles miramos a Rajoy, a quien, como a la mujer adúltera de La vida privada, el cuento de Arreola, le ha llegado el momento de improvisar ("la sociedad espera, se impacienta y se dedica a inventar historias que van en contra de tu virtud"). De cómo solucione el presidente lo que va a ocurrir hoy en Barcelona dependerá en gran medida el resultado del 20-D. Lo va a tener difícil con un Albert Rivera que el sábado viajó a Cádiz, la cuna de la soberanía hispana, para montarse al caballo de la historia y proclamar que la regeneración de España pasa por él.

Por paradójico que parezca, el Parlament va a secuestrar hoy la voluntad del pueblo al que representa, que ya dejó claro en las pasadas elecciones autonómicas que no desea un proceso independentista. Sólo desde la interpretación más ramplonamente ortodoxa y buenrollista de los manuales de la ciencia democrática se puede justificar un debate que va claramente contra la ley. El Gobierno debe restablecer la legalidad cuanto antes, porque si no nos convertiremos en una democracia insegura e incapaz de garantizar los derechos más elementales de sus ciudadanos, empezando por el de la soberanía. Admitamos que la bendición ha llegado a su fin. Es el momento de actuar.