EN el debate educativo, son objeto de interés generalizado las evaluaciones que se realizan por parte de organismos externos o de la propia Administración, obteniéndose resultados que no suelen dejar en buen lugar a nuestro sistema educativo nacional y autonómico. Aunque debemos dar un valor relativo a los mismos, y no entraremos aquí en su uso político y mediático y sus paradójicos efectos, lo que no cabe duda es la necesidad de evaluar el funcionamiento del sistema educativo, al menos en el sentido de recabar información sobre qué está pasando en su interior. Ahora bien, una cuestión es reconocer esa necesidad de evaluación y otra será definir qué información es relevante, quién debe hacerlo y con qué efectos. En ese terreno, se desarrolla un partido cuyo resultado puede tener consecuencias importantes para la política educativa y es ahí donde deseamos centrarnos en este artículo.

En Andalucía funciona, desde hace años, la Agaeve (Agencia Andaluza de Evaluación Educativa), encargada de la evaluación de todos elementos del sistema educativo y que, en concreto, aplica anualmente las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico y Escala. Éste es un órgano creado por la Ley de Educación de Andalucía en 2007 y en 2009 se reguló su organización. En la normativa se indica que su estatus es de "agencia administrativa adscrita a la Consejería", es decir, dependiente de la misma y ello implica el nombramiento de su Dirección, así como del resto de su personal, no sometido a las normas generales de provisión de puestos de trabajo de todo funcionario.

Paralelamente a esta agencia, existe la Inspección Educativa, un cuerpo docente, en general bastante desconocido por la ciudadanía y con un funcionamiento algo opaco también para el profesorado, que tiene entre sus funciones la evaluación del sistema educativo. Cualquier ciudadano preocupado por la eficiencia del dinero público podría plantear esta pregunta: si la Consejería de Educación, protagonista de recortes que todos sufrimos, posee un cuerpo de 288 inspectores en Andalucía, entre cuyas funciones se encuentra la de la evaluación, ¿para qué crea una agencia de Evaluación con un coste presupuestario anual superior a los cinco millones de euros y que entre 2009 y 2012 ha gastado más de 20,5 millones? ¿Qué sentido tiene la reciente norma aparecida en BOJA el pasado 8 de enero, en la que la Consejería de Educación anuncia un plan cuatrienal 2012-2016 de evaluación del sistema educativo andaluz, sin la más mínima mención a la Inspección educativa?

Cuando algo no tiene justificación de eficiencia económica, hay que deducir que se trata de una decisión política que además va más allá de la política educativa, ya que se ha procedido de forma similar en otros ámbitos. Una diferencia fundamental entre la Agencia de Evaluación y la Inspección es que aquélla está formada por personal elegido a dedo por la propia Consejería, desde la Dirección al último trabajador de la misma. Sin embargo, los inspectores son funcionarios de rango superior, que acceden por oposición a un Cuerpo Docente de ámbito nacional, no autonómico, y, en principio, con una mayor independencia de criterio profesional que se sustenta en su preparación específica y su forma de acceso a unas plazas que poseen la estabilidad inherente al funcionariado y no dependiente del poder político.

Teniendo en cuenta esto, sería legítimo preguntar: ¿quién puede dar información más veraz y objetiva, una agencia semiexterna, creada por la propia Administración con personal de libre designación, o un cuerpo docente de funcionarios, específicamente preparado para ello, con un marco legal que reglamenta su actuación y cuyo puesto no depende de la designación política? ¿Quién le puede decir al poder político que algo no funciona porque no está bien gestionado o porque no se han tomado las decisiones adecuadas? ¿Quién posee más y mejor información del funcionamiento de los centros, la agencia aplicando unas pruebas externas anuales, o la Inspección cuya atribución fundamental es visitar centros y aulas?

Pero hay otras preguntas inquietantes: ¿Por qué se ha optado por no confiar en la Inspección Educativa? ¿Por qué no se ha regulado, como se hizo en Cataluña y País Vasco, la relación entre Agencia e Inspección? ¿Por qué no es conveniente para el poder político un cuerpo docente con autonomía profesional que evalúe procesos y resultados y emita dictámenes sobre los problemas del sistema educativo? ¿Por qué la Administración no quiere Inspección o desea que ésta sea lo suficientemente descafeinada subrayando meramente el control del profesorado? ¿En un sistema verdaderamente democrático, la mejor Inspección Educativa no sería la que sólo se debiera a sus criterios profesionales y a ser garante del derecho a la educación de todos?