La tribuna

ana Carmona Contreras /

Sobre la elección de los alcaldes

LA regeneración de nuestro sistema democrático se perfila como uno de los puntos más destacados en la agenda del Gobierno Rajoy para la temporada política que en estos días está comenzando. Ya en su último discurso antes de las vacaciones estivales, el presidente del Ejecutivo dejó un potente aviso para navegantes al poner sobre la mesa su intención de promover un debate en torno a la reforma del modo de elección de los alcaldes. A falta de mayor concreción, puesto que a día de hoy todavía no contamos con un documento en el que se contenga un diseño más elaborado de la propuesta, dos parecen ser las ideas-clave sobre las que se cimentaría dicha reforma.

Por un lado, instaurar la elección directa del alcalde, dando pie a que se convierta en regidor municipal el candidato de la lista más votada. Por otro, en función de tal premisa, la segunda -e inevitable- propuesta no es otra que excluir la posibilidad de que las fuerzas políticas con representación en los consistorios puedan suscribir coaliciones poselectorales. Hasta aquí lo que sabemos: mucho y muy poco. Mucho, porque una reforma como la que se propone supondría un giro copernicano en la configuración del entramado electoral que sustenta el gobierno local español desde la entrada en vigor de la Constitución. De un planteamiento de indudable matriz parlamentaria como el actual, en el que los concejales son elegidos directamente por los vecinos del municipio y el alcalde ha de contar con el apoyo mayoritario de aquéllos, manifestado en el pleno del ayuntamiento, se pasaría un sistema claramente presidencialista, en el que el alcalde es votado directamente en las urnas. De esta forma, se razona desde los promotores del cambio, vendría a reforzarse tanto la legitimación democrática de los alcaldes, que pasaría a ser de naturaleza directa, como el vínculo establecido entre éste y los ciudadanos, pasando a adoptar carácter inmediato. Anudando la alcaldía al candidato más votado, por lo demás, se cerraría el paso a los pactos poselectorales, muy mal recibidos por quienes han ganado las elecciones, mediante los que se da pie a que dicho cargo sea ocupado por candidatos que, a título individual, han contado con un menor apoyo popular.

Como planteamiento teórico, nada cabe objetar. La Constitución (artículo 140) en este punto es clara, porque si bien los concejales han de ser elegidos necesariamente por sufragio universal directo de los vecinos, deja abierta la cuestión de la elección del alcalde, permitiendo que la misma corresponda tanto a aquéllos como a éstos. Es, pues, competencia del legislador decantarse por una opción u otra.

Sin embargo, pese a la trascendencia de las ideas hasta aquí expuestas lo cierto es que configuran un exiguo punto de partida que poco, muy poco, nos dice de la reforma en ciernes. Y es que afirmar que será alcalde el candidato más votado sin especificar la mayoría que éste habrá de obtener para ello, deja sin despejar dos incógnitas esenciales. Para empezar, qué mayoría se requiere. Porque podría bastar con un sistema de mayoría relativa, al más puro estilo anglosajón, convirtiéndose en regidor municipal el candidato más votado. O, por el contrario, cabría optar por la modalidad francesa, que exige mayoría absoluta, reservando el puesto para quien obtenga el 51% de los sufragios. Pero si se siguiera esta vía resulta evidente que habría que plantear la hipótesis de una segunda vuelta electoral para el supuesto de que ningún candidato alcanzara dicho porcentaje de votos en primera instancia. Y llegados a ese punto, el abanico de decisiones que la reforma legislativa tendría que barajar es muy variado. Para empezar, tendría que aclarar qué candidatos pasan a la segunda cita electoral, afrontar el tema de las coaliciones... Todo ello, no se olvide, en un contexto en el que también hay que elegir a los concejales debiendo afrontar la cuestión de las listas: ¿Cerradas y bloqueadas, como hasta ahora o, por el contrario, abiertas?. Estamos, pues, ante un enrevesado puzzle cuyas principales piezas todavía no están definidas, lo cual impide aventurar cuál será su imagen final.

Entre tanto se van concretando las alternativas, en estos momentos preliminares, resulta imprescindible poner de manifiesto la profunda incoherencia de la que hace gala el Gobierno cuando, al albur de la regeneración democrática, plantea una reforma de tan profundo calado como la comentada sin contar, en su punto de partida, con el consenso de las restantes fuerzas políticas y, asimismo, afirmando sin ambages que la misma saldrá adelante en todo caso. Una declaración de principios en toda regla que causa una extraordinaria perplejidad. El hecho es que la aludida voluntad de reforzar nuestra democracia pasa de forma ineludible por la necesaria recuperación del espacio constitucionalmente atribuido a las instituciones representativas, de forma muy significativa, al Parlamento. Más allá de la mayoría que apoya al Gobierno, la legitimación del sistema requiere potenciar los foros para la discusión y el debate, logrando el necesario consenso en tan fundamental tema. Mucho más en el momento en que nos encontramos, con las fuerzas políticas empezando a calentar motores de cara a las próximas elecciones municipales, prácticamente a la vuelta de la esquina.

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