Esta semana corrió como la pólvora por Twitter una frase de 1985 del entonces alcalde de Jerez Pedro Pacheco, en la que decía: "la Justicia en España es un cachondeo". Pacheco fue procesado y condenado por desacato por la Audiencia de Sevilla a seis años de inhabilitación, 50.000 pesetas de multa y dos meses de arresto. Pero en el 88 el Tribunal Supremo revocó la decisión. La doctrina Pacheco no es práctica diaria, pero de vez en cuando se impone con gran escándalo público. El martes, sin ir más lejos, ha ocurrido al contradecir el Pleno de la Sala Tercera del TS una sentencia de hace tres semanas en la que su Sección Segunda establecía que el impuesto de las hipotecas debía pagarlo la banca. El argumento era que las entidades financieras son las beneficiarias de ese registro y por lo tanto no debían abonarlo los clientes, como se hacía desde hace más de dos décadas.

Lo peor de esta rajada del Tribunal Supremo sobre las hipotecas es que en el inconsciente colectivo del país se tiene la convicción que los grandes jueces están subordinados a la banca. (Y a los demás poderes: el presidente del TS fue director general del Ministerio de Justicia los ocho años de Aznar y el de la Sala Tercera trabajó para el centro universitario de la Asociación Española de la Banca). Pero esto va más allá de la separación de poderes, porque ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial tienen tanta jerarquía en las sociedades modernas como el poder financiero. Tanto poder, que el expresidente Sarkozy, consciente de que Montesquieu estaba superado, tras la crisis del 2008 dijo aquello de que había que refundar el capitalismo. Asunto del que nunca más se supo. Esta decisión del Supremo agranda el desprestigio del sistema bancario, cuyo rescate costó a los contribuyentes 60.000 millones de euros tras la crisis, y ahora la reputación del alto Tribunal queda engullida por el mismo remolino.

Quedan además señalados los políticos, por oportunistas. Desde los que convocan manifestaciones contra la sentencia, a los que publican decretos de urgencia para que paguen los bancos o los que proponen eliminar el impuesto. También, los que se lo embolsaban en las comunidades autónomas, como Susana Díaz, que ahora descubre que estos "son unos recursos que de manera injusta le estaban cobrando a los ciudadanos". Ya podía haberse dado cuenta antes, porque ella era la recaudadora. No sólo la Justicia es un cachondeo, la doctrina Pacheco afecta a los otros poderes casi por igual.