Este jueves escribí de la sentencia dictada por el TS enjuiciando conductas de los políticos independentistas que gobiernan en la CCAA de Cataluña. Terminaba mi artículo diciendo que, por la importancia del tema, volvería a escribir de él y cumplo mi promesa, aunque el tema poco tenga que ver con Cádiz y sus gentes, a la que me gusta dedicarle mi colaboración de los sábados. Pero aprovecho que dos gaditanos se hayan manifestado sobre el procés, para considerar que no incumplo la dedicación a Cádiz en mi artículo de los sábados.
Un concejal del Ayuntamiento ha sido noticia en estas páginas porque prácticamente deja su ocupación municipal, como concejal de Hacienda y Deportes, por haber conseguido una plaza en Sevilla, propia de su titulación. Este cargo público niega la democracia española porque "encarcela por pedir votar" y cuestiona la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, acusándolas de una violencia desmedida. Durante la dictadura de Franco hubo gente que se negó a ocupar cargos públicos, porque no había democracia. Si este concejal piensa que estamos en una dictadura ¿por qué se presta a formar parte del equipo de gobierno de un ayuntamiento? El que ha comentado el procés con la solvencia que le caracteriza es Juan Marqués Marqués, subdirector de Publicaciones de este grupo. Comenta la revuelta catalana diciendo que las instituciones de la Generalitat "han externalizado la ejecución de la revuelta contra el Estado, porque mientras que se pronuncian como un falso pacifismo, mandan a sus esbirros a cometer toda clase de acciones violentas". Y cuenta que los mismos que hace dos años organizaron la revuelta se reunieron en Ginebra, con representantes de asociaciones independentistas y miembros del Gobierno catalán, incluido su presidente, para configurar y pagar un "tsunami democrático". En estas mismas páginas, leo un artículo que dice que de la violencia en Cataluña es culpable el ex presidente Rajoy porque "nada de lo que ha pasado en los dos últimos años se habría producido con tanta virulencia si su gobierno hubiera accedido a negociar para Cataluña un régimen financiero privilegiado". ¿Se imaginan ustedes la reacción de los andaluces por este privilegio?
La ensoñación a la que el magistrado Marchena se refiere en su sentencia es realmente una pesadilla, porque ha originado en Cataluña una segunda huelga general en dos años, cuatro noches de protestas y tres días de incendios. A Torra le da igual que el TC le advierta de su desobediencia porque para él es legítima en base a un pretendido derecho a la autodeterminación. El 18 de noviembre se sentará en el banquillo y algún otro día lo hará por convocar a los ciudadanos a la protesta y luego enviar a los Mossos para reprimirla.
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