La esquina

josé / aguilar

El dinero de los sindicatos

SE mantienen en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2014 las partidas destinadas a los sindicatos mayoritarios para ejecutar los programas de concertación social pactados por ambas partes (y por la patronal, que también recibe lo suyo). Suman 4,4 millones de euros.

No me parecen ni pocos ni muchos. Todo depende de la consideración que el poder político tenga del papel de los agentes sociales en la economía andaluza y del valor de la paz social y la estabilidad que estas subvenciones ayudan a garantizar. Las centrales sindicales desarrollan una actividad de interés público y, al igual que los partidos políticos, no tienen por qué (mal) vivir con sólo las cuotas de sus afiliados. Si logran, por ejemplo, un convenio colectivo favorable a los trabajadores, sus beneficios se aplican a los trabajadores todos del sector del que se trate, no sólo a los miembros del sindicato. Por eso mismo merecen recibir dinero de las arcas públicas. Por eso y por su compromiso con la paz laboral, que es un valor intangible pero fuerte para la economía regional.

Descartado que pretenda liquidar el sindicalismo en plan Margaret Thatcher y que participe en una conjura -que sería la conjura de los necios- para arrebatar a la clase obrera sus históricos instrumentos de defensa, matizo a continuación: puesto que reciben fondos públicos, salidos de los impuestos de los ciudadanos, tienen que ser sometidos al control de la autoridad que se los concede. No más que el resto de las asociaciones, empresas, entes y ONG que también son financiados públicamente, y tampoco menos. Al mismo nivel de exigencia, con el mismo nivel de responsabilidad.

El autocontrol se ve que no vale. Las denuncias que están proliferando -algunas, en el ámbito judicial- sobre el uso de las subvenciones sindicales para fines que no son los contemplados en los pactos de concertación social, sino más bien para el funcionamiento ordinario de los sindicatos (lo que incluye el pago de liberados, los gastos de manifestaciones o las fiestas de los sindicalistas), son acogidas torpemente: con la autoexculpación. De ahí que sea la Consejería de Hacienda, reforzada por Susana Díaz, la llamada a controlar desde fuera lo que está descontrolado dentro.

No vaya a ser que se recorte todo menos el dinero de los sindicatos y que se supervise en qué se gasta hasta el último euro de cualquier oficina de la Junta excepto los 4,4 millones entregados a CCOO y UGT.

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