NO le falta razón a Mariano Rajoy cuando afirma que las administraciones públicas pueden contribuir a solucionar la crisis pagando. Cuando al líder del Partido Popular le preguntaron, en el programa televisivo, por la situación de la empresas, sobre cómo afrontar la crisis por parte de las pequeñas y medianas empresas, aludió a las deudas que muchas administraciones y grandes empresas mantenían con las PYMES, y fue tajante, e incluso restrictivo, al afirmar que había que exigir el cumplimiento de la normativa que establece que, cómo máximo, en un par de meses hay que pagar las deudas de la compras y servicios demandados. Rajoy, en una equivocación que le honra, dudaba en reducir el plazo a treinta días, un mes menos de lo que dice la norma.

Unas semanas antes conocíamos cómo los ayuntamientos de la provincia y la Diputación tardaban una media de entre siete y nueve meses en pagar una factura. Es decir, que en el mejor de los casos una administración municipal de la provincia de Cádiz se retrasa cinco meses sobre la normativa legalmente establecida. Y hace un par de días nos enteramos de que todos los ayuntamientos gaditanos, excepto los de Benaocaz, Castellar y El Gastor, deben dinero, y mucho, a los bancos, por lo que son también responsables de la crisis que nos asola.

El ejemplo del ayuntamiento de Cádiz es para no repetirlo. Si por una parte presume de ser buen pagador, afirmando que tarda unos siete meses en abonar una factura -lo que provoca que algunos proveedores arqueen las cejas incrédulos, como si fueran primos de Rodríguez Zapatero-, es sorprendente que la maquinaria propagandística municipal se enorgullezca de incumplir el plazo de dos meses, como máximo, que la ley establece para pagar una deuda o un servicio prestado. Pero es que además ahora sabemos que la administración municipal de Cádiz tiene una deuda con los bancos similar a casi el 50% de su presupuesto. Vamos, que el ayuntamiento que gobierna Teófila Martínez, y que presume de cuentas saneadas, debe 91,7 millones de euros, algo menos de la mitad de los 200 millones que se presupuestan para el año administrativo. Y eso sin contar con que la señora alcaldesa tiene previsto pedir un nuevo crédito bancario para pagar una obra, tan "urgente y necesaria" para el bienestar de los gaditanos, como es la tribuna del Nuevo Estadio Carranza, es decir, que nos anuncie la decisión de endeudar a todos los gaditanos por un valor de 40 millones de euros a favor de unos cuantos votos más. Decía el gobierno municipal de Teófila Martínez que puede permitirse ese endeudamiento futbolístico, y que sólo favorece a los socios de una entidad privada, por contar con unas cuentas saneadas. ¡Ya quisieran muchos gaditanos y españoles, que sufren cada mes por pagar la hipoteca, poder decir que sus deuda están saneadas, debiendo a un banco la mitad de su presupuesto anual!