EL derecho a la vivienda es uno de esos derechos fundamentales de la persona que recogen las constituciones más como principio al que aspirar que como realidad que se pueda exigir a las autoridades. "Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", le concede la de 1978 a todos los españoles.

Dentro de este carácter genérico, quien tiene la vivienda, en propiedad, cesión o alquiler, adquiere el derecho a su ocupación y uso, y nadie debería impedirle el ejercicio de ese derecho o entorpecerlo. Pero casi ningún derecho es absoluto, casi ninguno sale indemne cuando colisiona con otros derechos. Hay preferencias de unos sobre otros. El derecho a la libertad de expresión -es sabido- suele imponerse al derecho al honor de los personajes públicos, y el derecho a la vida está por encima, por supuesto, del derecho a la propiedad.

Un juez de Cádiz aplicó recientemente esta doctrina de la prevalencia de derechos a un ciudadano del barrio de San José. Nadie le molestaba en el uso de su vivienda, era él el que, en ese uso, molestaba a los vecinos. ¿Cómo? Mediante el ruido. No un ruido ocasional, con pretexto de fiestas y celebraciones, o a determinadas horas del día, sino un ruido constante, agobiante y caprichoso. El hombre era adicto al decibelio y estaba educado -por así decirlo- en la cultura desahogada e incívica que se resume en una frase: en mi casa hago lo que me da la gana. Ponía la radio a toda pastilla, lo mismo hacía con la televisión y elevaba el volumen de su aparato de música hasta más allá del límite de lo insoportable, y mucho más allá de lo legalmente estipulado, como certificaron las mediciones sucesivas de la Policía Local. No hizo caso de las cartas de la comunidad de propietarios, de las denuncias vecinales ni del precinto de su equipo musical que llegó a imponérsele.

Sólo quien ha sufrido el roce con unos vecinos ruidosos, incordiantes, desahogados, insalubres o maleducados conoce la capacidad de un tío así para deteriorar la convivencia y amargarte la vida. Los afectados -más bien, afectadísimos- decidieron, finalmente, acudir a la Justicia, esperanzados por la difusión de noticias de tribunales que de un tiempo a esta parte vienen siendo sensibles a la vulneración del derecho a la intimidad y al descanso que discotecas, bares y otros productores de ruido están cometiendo con miles de ciudadanos. Alguno ya ha ido a prisión, más por desobediencia a la autoridad que por el ruido en sí, y crece la jurisprudencia favorable a la salud física y psíquica de gentes agredidas por los ruidosos, sean negociantes de ocio o vecinos asociales e inadaptados.

El juez, como digo, les dio la razón y condenó al gaditano estridente a irse de su casa durante tres años. Y no ha tenido más que aplicar la ley de propiedad horizontal: permite privar a alguien del uso de su vivienda si no respeta el descanso de los otros. Bendita ley.

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