A nadie podía sorprenderle que cuando Pedro Sánchez decidió formar gobierno con los ultraizquierdistas de Podemos -con riesgo de enfermar de insomnio-, impulsado por su propósito de "asaltar los cielos" y conquistar los más elevados puestos de la gobernación y el poder -la colonización ideológica de la que hablaba Errejón-, no tardaría en verse impelido a tratar de dominar el mayor número de instituciones y resortes de decisión ejecutiva. Son sus incesantes decretos leyes que se han multiplicado hasta el colmo del abuso, los nombramientos de la fiscal general del Estado -"pues eso"-, el CIS, el CNI y del Abogado del Estado más su obsesivo y ambicioso afán de intervenir el poder judicial. Está haciendo todo tipo de inconcebibles maniobras para alejar a estas instituciones jurídicas, incluido el Tribunal Constitucional, de su fundamento democrático: la independencia judicial, la separación de poderes. A todo esto hay que añadir la servidumbre de TVE al Gobierno: entrevista a un miembro del ejecutivo cada tres días, según se ha publicado. ¿Ese es el pluralismo informativo que debe ejercer todo canal público?

Por si fuera poco surge el asalto del Gobierno al Instituto Nacional de Estadística, cuyo presidente, Juan Rodríguez Poo, dimitió -se dice que por presiones de Moncloa- al poner en duda sus datos sobre el IPC y el PIB y pretender manipular sus cálculos. Y ello ha provocado la rebelión de todos los estadísticos funcionarios que realizan su trabajo con el mayor rigor y diligencia. Pero en ese ambicioso empeño intervencionista el Gobierno infringió el código europeo de OPAs situando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en una posición muy complicada para salvar al Estado de lanzar una costosa oferta por el cien por cien de la sociedad cotizada Indra. Siete consejeros independientes dimitieron, el cincuenta por ciento del Consejo, y un grupo de accionistas emprendieron medidas legales.

Si por otra parte los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideran que la maniobra de Sánchez para renovar el Tribunal Constitucional es "contradictoria e incoherente", los sucesos de la valla de Melilla y las actuaciones policiales -de lo que la oposición y sus socios de gobernanza exigen a Sánchez su comparecencia en el Congreso- con el sospechoso enmudecimiento de la ministra Irene Montero por parte de la portavoz del Gobierno en su rueda de prensa y la humillación en el Congreso al votar negativamente el aumento de gasto militar, lo que deja al ejecutivo a merced de lo que decida el PP, han conducido a Sánchez a una situación a la desesperada, que le ha llevado a recurrir a esos argumentos propios de quien ve flaquear día a día los frágiles cimientos de su mandato en minoría. Y de ahí ese victimismo, esas alusiones a la conspiración, a los cenáculos cómplices de intrigas y conjuras siniestras y a los desalmados y desaprensivos empresarios que fuman puros insaciablemente.