DENTRO de cuatro años, la primera Constitución elaborada por representantes del pueblo soberano, 'La Pepa', cumplirá dos siglos y los descendientes de "todos los españoles de ambos hemisferios", o sea, de aquellos "hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de éstos" se aprestan a festejarla. Con razón, en San Fernando comenzarán un año antes. Así anunció hace meses la anterior consejera de Obras Públicas, al inaugurar el Congreso Internacional la Ciudad Viva en el que participaron instituciones y profesionales de todos los países donde actualmente Andalucía ejecuta programas de cooperación.

A partir de entonces, con aquel exitoso nombre utilizado por la Alcaldía de Bogotá, la Consejería de Obras Públicas, ha puesto en la red una página web; pretende convertirla en un cauce informático donde confluyan las ideas y experiencias acerca de la ciudad, provenientes de los cinco continentes.

Esta iniciativa culminará en 2012 en un gran congreso internacional. Se realizará, no para enriquecer la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad del 2005 sino, para aprobar una "propuesta de ciudadanos, agentes y administraciones implicadas en la recuperación de la ciudad, sobre los derechos y deberes de los ciudadanos en su hábitat: la Carta de Cádiz".

Las dos alternativas suponen diferencias de contenido y de método. La primera implica dar continuidad a las cuatro generaciones de derechos con el fin de estimular el proceso de construcción de la ciudadanía en la actual situación social. Se ha optado por la segunda alternativa que reduce el problema urbano al ámbito de la gestión eficiente de la ciudad, de su gobernanza; que da más importancia a la conmemoración.

En la redacción de los 21 artículos de la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad (Porto Alegre 2005) participaron, la Unesco, la Onu-Hábitat y diez instituciones más. Dos reuniones preparatorias se realizaron en Quito y Barcelona. Concretamente, ¿qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad es el producto cultural más complejo que construye el hombre en sociedad. No el individuo. Por lo tanto, la ciudad como tal no tiene dueño, por definición, es de todos.

Mancuso hace 40 años demostró que el desarrollo de la ciudad industrial obedecía a una Ley: la especulación que favorece a pocos y perjudica a todos. Koolhaas, con éxito inusitado, en lugar de condenarla, actualmente apoya en ella sus propuestas. En los años 70 H. Lefebvre y los sociólogos de la Escuela de París pensaban que la clave de la "cuestión urbana" (M. Castells) estaba en la "producción social del espacio". Sus planteamientos proporcionaron los argumentos al movimiento vecinal que emergió en todo el mundo; también en Sevilla. Los sectores sociales pobres, reivindicaban su derecho a compartir con los empresarios las plusvalías que generaba la ciudad y, por lo tanto, a la obtención de una vivienda barata. En aquellos años, en Andalucía el déficit habitacional era notable. Ahora sobran viviendas pero, el acceso a ella sigue siendo difícil.

El problema es el mismo pero el contexto y los protagonistas son distintos. El capitalismo ha convertido las contradicciones que antaño denunciaba el marxismo, en las paradojas del futuro. Producimos más para consumir más; no siempre lo indispensable o necesario sino principalmente para consumir "servicios" dentro de los cuales, Rifkin nos advierte que en USA, ya se ha incluido a la vivienda.

Este no es el principio que motivó a la social democracia ni a la sociedad europea del bienestar; sin embargo la Economía se impone. Es prioritario formar buenos consumidores antes que buenos ciudadanos. El consumidor está inscrito en el ámbito de lo privado, de lo individual. En cambio el ciudadano trasciende su condición individual para pensar en el otro, en la sociedad; no es el dueño de casa interesado en los problemas en su parcela; es el vecino que da razón de ser al espacio público; no es un cliente sino una persona. Actualmente se encuentran con frecuencia haciendo parte de la "sociedad civil organizada": ONGs, Ecologistas, Greenpeace, Aljarafe Habitable, Asociaciones por la vivienda, la Defensa del Territorio, del Agua, etc. Resulta que en la Sociedad de las TICs, solamente bajo esa condición de ciudadano se pueden generar, reivindicar y reclamar la cuarta generación de los derechos humanos: en el ciberespacio, al Medio Ambiente, al control transgénico y desde luego, el derecho a la ciudad.

Quizá por ello, valga la pena recoger al menos algunas ideas de la Carta Mundial de 2005 para evitar que la Carta de Cádiz 2012 sólo sea una versión administrativa de la propuesta de los 'agentes urbanos' protagonistas de las burbujas inmobiliarias: "El derecho a la ciudad es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sostenibilidad (consumo responsable de los recursos naturales no renovables: suelo, combustibles fósiles, aire, agua), democracia (verdad, transparencia, participación y alternancia) y justicia social (asumida por los actuales partidos de derecha y de izquierda); es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades (ciudadanos), en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción basada en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado. Es interdependiente de todos los derechos humanos, concebidos integralmente, por lo tanto, incluye los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales consagrados en los tratados internacionales"