Va a ser negativo el final del estado de alarma, el próximo día 9 de mayo, sin que el Gobierno haya cumplido, una vez más, un compromiso solemne: reformar la legislación sanitaria para dotar a las autoridades autonómicas de instrumentos para combatir la pandemia cuando fuera superado el periodo de excepción jurídica que supone la alarma.

La misma vicepresidenta que prometió la reforma, Carmen Calvo, es quien ahora defiende que las comunidades autónomas tienen suficiente con las leyes ordinarias para tomar medidas anti Covid y que los tribunales respectivos las avalarán. No es verdad. Medidas que recortan o suprimen derechos fundamentales, como las restricciones a la libertad de movimiento, los confinamientos perimetrales o la limitación del número de personas en un acto o una reunión, no se pueden adoptar por un presidente regional. Afectan a derechos constitucionales básicos que sólo cabe encajar en los estados de excepción, alarma o sitio. A aprobar por el Congreso de los Diputados, no en un parlamento regional.

Por eso varias comunidades autónomas han pedido al Gobierno que prorrogue el estado de alarma una temporada más, hasta que los datos de la vacunación y la evolución de la pandemia permitan levantar las restricciones en toda España. Esto habría sido más fácil, desde luego, si el PP no hubiera regateado su apoyo al Gobierno negándose a prolongar la alarma hasta el 9 de mayo. Entonces se quejaba de la acumulación de poder por parte de Pedro Sánchez y ahora se queja de que éste pierda poder y lo deje todo en manos de las autonomías (bueno, todo no: se queda con el reparto de fondos europeos y el avance de la vacunación).

De modo que las comunidades autónomas son conducidas a un limbo jurídico. Preparan sus particulares planes de restricciones sin saber qué dirán los tribunales superiores cuando sean recurridos por cualquier asociación de hosteleros, negacionistas o celosos guardianes de la libertad personal. Se conoce lo que ya pasó en verano: lo tribunales sentenciaron en una dirección y en la contraria. Después del 9 de mayo ocurrirá algo parecido. Habrá sentencias contradictorias. Una especie de carajal autonómico-judicial.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, intentó en alocada maniobra que el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, le dijera cómo tenían que redactar los decretos y leyes para que el TSJA los avalase. Del Río fue claro: los tribunales no emiten dictámenes previos, sentencian después.