LA V Conferencia de Presidentes, integrada por todos los presidentes de comunidades autónomas y el presidente y otros altos cargos del Gobierno español, no defraudó esta vez las expectativas levantadas, quizás porque éstas fueron realistamente planteadas. La cumbre autonómica, a la que asistieron brevemente el Rey y el príncipe Felipe, acertó al no dedicar un solo instante de su tiempo al debate soberanista que afecta a una de las autonomías presentes (Cataluña) y, por el contrario, al centrar el debate en la gravísima situación económica que atraviesa el país. Una situación que implica, con absoluta prioridad sobre otras cuestiones, a todos los gobernantes y exige la máxima lealtad institucional entre los titulares de los distintos niveles del poder político. Todos los reunidos fueron conscientes de la necesidad de unidad de acción en torno a la crisis y expresaron su compromiso decidido por el cumplimiento del objetivo de déficit público, considerado uno de los objetivos nacionales básicos en la actual coyuntura, aunque también fueron muchos los que pusieron el énfasis en la necesidad de complementas las medidas de austeridad y ajuste con las políticas de crecimiento económico. El Gobierno de la nación, por su parte, aceptó la posibilidad de extender a las comunidades autónomas la flexibilidad concedida por la Unión Europea al Estado en la cuantificación del déficit autorizado, de modo que esa suavización del rigor permita un respiro a las comunidades, al igual que lo tiene el Gobierno de la nación. Esta reivindicación fue planteada, entre otros, por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Igualmente, el Ejecutivo de Rajoy admitió poner en marcha los mecanismos de evaluación del vigente sistema de financiación autonómica, lo que podría llevar a una revisión anticipada de su funcionamiento, en la línea que resaltaron distintos líderes regionales. Los participantes se declararon satisfechos por una cumbre que, esta vez, pareció destinada a pensar en el interés de toda España. Mejor así.