UNA de las primeras noticias del año es el balance de la corrupción. Tenemos el dato estadístico: 2014 se ha cerrado con más de dos mil imputados. Nos acercamos al número de procesados en la operación Manos limpias de Italia a principios de los 90, que acabó con más de mil condenados. Pero la estadística siempre es engañosa. La corrupción es la segunda preocupación de los españoles y se suministran a la opinión pública imputados a granel. Quizá sería mejor menos cantidad y más calidad.

Calidad es ir al grano. Sería estupendo que los procesos no se eternizaran y que las penas se cumplieran. El ex presidente del Barcelona Josep Lluís Núñez ha ido a la cárcel sólo unos días, aunque tiene una condena de seis años rebajada por el Supremo a dos por sobornar a inspectores de Hacienda. ¡Y el caso se inició hace 15 años! La celeridad no es la especialidad de la justicia española y eso le resta fortaleza. Los dos principales casos de corrupción que atañen al PSOE y al PP, ERE y Gürtel, también se eternizan. No es un buen síntoma.

La juez Alaya instruye un caso muy difícil en Andalucía desde hace seis años. Pero las imputaciones masivas por el caso de los ERE, de 220 personas hasta el momento, retrasan el procedimiento y confunden las responsabilidades. No se vislumbra un final de la instrucción y alguno de los principales responsables no está todavía encausado, mientras muchos implicados circunstanciales tienen fuertes medidas cautelares.

Calidad también sería que los políticos asumieran más responsabilidades y utilizaran menos la retórica o los golpes de pecho. Del énfasis anticorrupción de los máximos dirigentes de la Junta de Andalucía y el Gobierno español se podría deducir que los autores de las corruptelas de los ERE y la Gürtel no sólo no pertenecían al PSOE o al PP, sino que ni siquiera eran seres de este planeta.

Calidad es más transparencia de las administraciones públicas en el esclarecimiento de los casos. Y, como medida preventiva, menos clientelismo: la tradicional afición nacional al enchufe ha plagado a los organismos públicos de familiares, amigos y compañeros del partido en busca de una colocación.

Calidad también es menos interferencias políticas en los asuntos judiciales. El Consejo General del Poder Judicial, presidido por un (ex)militante del PP, ha sacado a concurso la plaza que ocupa el juez Ruz en la Audiencia Nacional, poniendo fecha de caducidad a su instrucción del caso Gürtel. El consejero de Justicia de la Junta no pierde ocasión en aguijonear con punta fina a la juez Alaya. Y tal parece que todo el aparato del Estado se haya constituido en parte defensora de la Infanta Cristina en el caso Nóos.

Estas carencias son síntomas de que el malestar ciudadano no se resolverá con un abultado número de imputados, sino por una mayor eficacia de la justicia. Es una cuestión de calidad.