Lo que empezó con el cuento de la parcelita feliz en el campo para una humilde familia se ha ido de madre. La espectacular operación de la Consejería de Fomento contra el urbanismo ilegal en Barbate, esta semana, con la paralización de medio centenar de viviendas cerca del mar -muchas de ellas con piscina- puede invitar a pensar que el trabajo de los inspectores ya ofrece sus frutos y que quien la hace la paga. Pero este golpe al urbanismo ilegal, a la vez nos indica que estamos ante un movimiento de terrenos imparable que sigue generando millones de euros. El urbanismo salvaje es más difícil de atajar de lo que cabría imaginarse, allá por 2004, cuando la Policía Autonómica detectaba la primera promoción ilegal de chalés en Cádiz. Su voracidad no tiene límites y, de hecho, tan sólo unos días antes de precintar esta macrourbanización en Barbate, la Junta propuso sancionar con más de 800.000 euros otras parcelaciones irregulares, esta vez en Arcos. No hay lugar para muchas celebraciones porque la sensación es que cuantas más operaciones se lanzan contra el pelotazo urbanístico, mayor es su volumen de negocio. La misma frustración que se palpa en la lucha contra el narcotráfico: cuantos más kilos se incautan, más cantidad parece llegar a su destino. No por casualidad ambos negocios han ido de la mano tantas veces por encima de la ley.

Cientos de personas han sido imputadas en esta provincia en los últimos años por construcciones sin licencia gracias a la labor de la Policía, la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente. Pero pocos procesados han debido pisar la cárcel, a la vista de la proliferación de las viviendas ilegales, con la complicidad de muchos concejales y alcaldes que ni se inmutan, para regocijo de constructores, banqueros, promotores y, por supuesto, los notarios que dan fe de este atropello, que luego se ajusta al planeamiento por lo civil o lo criminal. La propia Fiscalía General del Estado critica en su última memoria la dejadez de los ayuntamientos frente al ascenso de las construcciones irregulares en la provincia. Y no hablamos de planes de autoconstrucción para personas sin recursos, es algo mucho más ambicioso.

Sobre el papel, los ayuntamientos tendrían que funcionar como una importante fuente de información en temas de urbanismo delictivo, pero su relación con la Fiscalía, por el simple temor a perder votos, es inexistente en no pocos casos, lo cual es de juzgado de guardia. El nombre de aquellos alcaldes que miran hacia otro la lado no puede seguir en el anonimato porque merecen la reprobación generalizada. Que los particulares se la jueguen practicando toda suerte de triquiñuelas e interpretaciones irregulares de la normativa urbanística nos afecta a todos, pero que lo hagan las propias administraciones para intentar legalizar las construcciones ilegales no tiene nombre. Así es imposible concienciar a los contribuyentes de que hacen lo correcto al respetar las reglas del juego mientras otros se saltan las leyes con impunidad. Así nos va.