PARA archivar la denuncia contra Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, por los trajes y demás regalos de su amiguito del alma (El Bigotes) se dijo que no se apreciaba que estos presentes hubieran quebrado el principio de imparcialidad en la contratación por su gobierno de las empresas de la trama. Todo se reducía, pues, a un problemilla de estética. Nada del otro jueves.

Pero, amigo, los problemas del pasado lo persiguen a uno sin remedio. El informe judicial pedido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el caso Gürtel, revela que el ejecutivo de Camps contrató de forma generalizada con las sociedades del tinglado de corrupción que montó Francisco Correa en el entorno del Partido Popular. De forma generalizada y, presuntamente, ilegal.

Vamos con los datos. Entre 2004 y 2009 el Gobierno valenciano adjudicó al menos 85 contratos -repetimos: ochenta y cinco- a nueve empresas del entramado corrupto, que se embolsaron 7,2 millones de euros. Las prácticas irregulares más habituales eran el fraccionamiento artificial de los contratos para evitar sacarlos a concurso y poder adjudicarlos a dedo, la vulneración del principio de concurrencia al solicitar ofertas a otras empresas de la trama, la duplicidad en el pago de servicios y el abono de trabajos no realizados. La vuelta al mundo de vela, que partió de Alicante en 2008, permitió a Orange Market percibir 445.000 euros -repetimos: cuatrocientos cuarenta y cinco mil euros- por su labor en la "conceptualización, producción, montaje y dirección de la ceremonia de inauguración de la Villa de Regatas". ¿A cuánto sale el kilo de conceptualización?

De beneficiar a los amiguitos no se libraba casi nadie. Se han detectado contratos procedentes de la Presidencia, vicepresidencia, siete consejerías y ocho organismos y empresas públicas. Es lo que hace pensar a los auditores que existía una instrucción política de favorecer a la trama. Si no, no se entiende una prodigalidad tan extensa e intensa. No puede ser casualidad que tantos responsables políticos actuaran de la misma manera y con tal reincidencia. Naturalmente, el tribunal será el que decida si estamos ante una conjunción de azares caprichosos o ante una conjunción de voluntades concertada para la comisión de delitos.

Si la opción de los jueces es la segunda, no le arriendo las ganancias a Rajoy sobre el calvario que le aguarda. Le costó un mundo desprenderse del tesorero del partido, que, al fin y al cabo, era un cargo orgánico. Le costará la misma vida cortar amarras con Camps, que sigue siendo uno de los barones fundamentales del partido y ha sido puesto donde está por los valencianos.