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EL Gobierno ha solicitado al Tribunal Constitucional que anule la llamada comisión de control (junta electoral, en realidad) puesta en marcha por la Generalitat para vigilar la pretendida celebración del referéndum secesionista del 9 de noviembre. El Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, promueve ante el TC lo que jurídicamente se conoce como "incidente de ejecución" por el incumplimiento de su auto del pasado día 29 que suspendía la ley de consultas y la convocatoria del referéndum, así como "las recientes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella". Queda así desmontada la triquiñuela ideada por Artur Mas con la intención de continuar adelante con su desafío soberanista. Desmontada por pura lógica: si el Constitucional suspendía el referéndum por su ilegalidad, alegada por el Gobierno, está claro que también se suspendían todas las acciones emprendidas por la Generalitat para preparar su realización, como la campaña institucional de incitación al voto y, en este caso, la formación de una junta electoral, que nada más constituirse sufrió la dimisión de uno de sus expertos, el designado a propuesta de Izquierda Unida, que ni siquiera acudió a su primera reunión argumentando que la consulta carece de las mínimas garantías democráticas exigibles. La noticia de la impugnación de la comisión de control, que en realidad es sólo una ampliación del recurso anterior del Gobierno, coincidió con las declaraciones del portavoz de la Generalitat en el sentido de que en el plazo de diez días el Govern habrá de decidir si sigue adelante con los preparativos del 9-N o si acata la suspensión dispuesta por el TC y abandona la idea del referéndum. Estas declaraciones han sido replicadas con dureza por Esquerra Republicana de Catalunya, aparentemente sorprendida por el hecho de que de la larga reunión del viernes pasado entre los líderes de los partidos soberanistas parecía desprenderse que se mantenía la unidad a favor de la celebración de la consulta. El hecho sugiere que, por el contrario, Artur Mas y su partido manejan ya abiertamente la posibilidad de suspender el referéndum ante la negativa del Gobierno a aceptarlo y el consiguiente rechazo del Constitucional. Si esta suspensión se produjera, en estricta sujeción a la legalidad constitucional y democrática, la situación política de Cataluña entraría en una nueva fase en la que estarían en cuestión la propia continuidad de Mas y su Gobierno, la posibilidad de elecciones anticipadas o el inicio de negociaciones con el Gobierno de la nación en la búsqueda de salidas diferentes al conflicto planteado. Se aproximan días decisivos para Cataluña y para España.

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