LOS ayuntamientos españoles tienen ocho mil millones de euros para repartir, a razón de 177 euros por habitante, gracias a una nueva medida del Gobierno contra la crisis económica. Los censos, por tanto, vuelven a ser la clave para recibir dinero del Estado, para desesperación de municipios con una elevada población flotante, que no es precisamente la que se encuentra en los cruceros que llegan al muelle de Cádiz. Que se lo pregunten a los alcaldes que atienden a poblaciones que en verano duplican su número de habitantes reales, y de ello hay ejemplos con diferentes siglas. Estamos ante una especie de PER, sólo que esta vez también en el ámbito urbano, que trata de paliar los efectos del paro en la construcción. Por eso, dentro de poco veremos obras que en principio no estaban previstas en nuestras calles y plazas, llevadas a cabo por desempleados, aunque, eso sí, no sabemos hasta cuándo. Hay alcaldes, no sólo del PP, que consideran que esta medida del Gobierno es una manera de echarles a los parados a las puertas de sus ayuntamientos, pues serán éstos, a través de las empresas concesionarias, los que pongan en marcha los proyectos. Y ya se intuye que, por desgracia, habrá personas haciendo cola a la puerta de las casas consistoriales para que el alcalde o concejal de turno hablen con las empresas para que las coloquen. Será difícil que no salgan a relucir las críticas por enchufismo en muchos lugares.

La medida del Gobierno se supone bienintencionada, pero no deja de ser un papelón más para los encargados de administrar la cuestión local. Pero por mucho que se critique el modo o la forma, ese dinero no va a venir nada mal a los ayuntamientos, muy asfixiados económicamente ya antes de la crisis, pues en muchos casos las cantidades que van a llegar suponen más del 10% de su presupuesto anual. Esto, sin duda, paliará algo el difícil momento de muchas economías domésticas. La pregunta que todos nos hacemos es qué va a pasar cuando se agoten esos 8.000 millones de euros, pues no se puede, ni se debe, crear un nuevo subsidio que dure eternamente. El mensaje, tanto para ayuntamientos como para desempleados, no puede ser que el Estado soluciona siempre los problemas. Esa sería la forma más rápida de acabar con el dinamismo de un país.