EL Gobierno, con el aval del Consejo de Estado y contento con la advertencia de la Comisión Europea, se dispone a presentar ya su anunciado recurso contra el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía, por entender que esta norma invade competencias estatales y afecta al derecho de propiedad.

El recurso es innecesario ha dicho el nuevo Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para quien el decreto impulsado por IU desarrolla el principio de la función social de la propiedad en términos bastante prudentes y no confisca las viviendas a inmobiliarias y bancos, sino que suspende su propiedad de manera temporal. Estoy de acuerdo. El decreto andaluz no es nada radical, aunque mediáticamente lo parezca: ha dado lugar a menos de diez expedientes en los dos meses de vigencia y constituye un intento puramente socialdemócrata de dar respuesta a situaciones dramáticas de familias al borde de la exclusión. Algo que podría encajar perfectamente dentro de la doctrina social de la Iglesia (católica).

Precisamente la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta ha pedido al Gobierno que se convoque una comisión bilateral para debatir el contenido del decreto y despejar, en su caso, las dudas que alberga el Ejecutivo sobre su legalidad. Se trata de intentar resolver el caso desde la cooperación institucional antes que acudiendo al enfrentamiento y el conflicto. Un propósito que debiera extenderse a otros desacuerdos que mantienen obstinadamente Junta y Gobierno. No se hace por el hábito de los dos partidos mayoritarios de negarse mutuamente el pan y la sal y el empeño en sabotear sus políticas respectivas como exigencia autoimpuesta de la lucha por el poder.

En este caso la Junta está manteniendo una postura más constructiva, buscando la negociación y el encuentro. El Partido Popular de Andalucía lo entendió así y no llegó a rechazar el decreto a su paso por el Parlamento autonómico, reservándose la presentación de enmiendas durante su debate como proyecto de ley. El PP nacional, por el contrario, lo impugnó rotundamente. De ahí vino el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional y de ahí vendrá, probablemente, la negativa a convocar la comisión de cooperación que la Junta ha demandado.

Con esta actitud se vuelve enteramente a los tiempos de la confrontación entre el Gobierno de Chaves y el de Aznar. Malo.