SEAMOS claros: el Gobierno ha actuado con contundencia y aplicado los instrumentos precisos para doblegar a un grupúsculo de sedicentes que durante unas horas dejaron a España incomunicada por vía aérea y sometida al escarnio internacional. Lo demás es palabrería. La declaración del estado de alarma era la única alternativa para salvar una situación de riesgo. Apelar al Ejército para aplastar una huelga salvaje puede parecer desproporcionado. Pero no era una huelga salvaje, sino un levantamiento en toda regla que no sólo inmovilizó a cientos de miles de personas sino que dejó incomunicado al país tanto por el exterior como por el interior. Y esta es una circunstancia que exige una solución tan inmediata como terminante. Haber prolongado esa situación crítica con una salida menos contundente habría supuesto la más grave irresponsabilidad en la que puede incurrir un gobierno.

Los apéndices políticos del canallesco capítulo de los controladores son lastimosos, y mucho me temo que esta semana, cuando se produzca la comparecencia del presidente del Gobierno, las sinrazones ahonden un poco más. Cuando los políticos se disponen a sacar partido electoral a los asuntos que le son privativos se puede sentir desdén pero no asco. El asco está reservado para aquellos capítulos en los que la demagogia y el oportunismo se engolfan con calamidades en las que los únicos perjudicados han sido los ciudadanos y la propia integridad de España.

Es deplorable que el Partido Popular, en su afán de acosar a los socialistas, haya sido incapaz, en las horas críticas del bloqueo aéreo, de tomar partido por la ciudadanía y por el país. En lugar de eso, tomaron partido por sí mismos e indirectamente por los atropellos de los controladores. Las insensateces que soltaron Esteban González Pons y el diputado Rafael Hernando son un insulto para los españoles que se vieron atrapados en la ratonera aeroportuaria. Culpar al Gobierno de inoportunidad por haber aprobado el decreto antes del puente y haber alterado los nervios de los controladores equivale a afirmar que la acción política hay que supeditarla a los intereses de los facciosos. Sostener que los controladores son una "casta" que los socialistas han consolidado equivale a ocultar que fue el Gobierno de Aznar quien concedió a esos ventajistas algunos de los privilegios que han derivado en un larguísimo conflicto que ha afectado millones de personas.

Y para no olvidar a nadie, es igualmente lamentable que Gaspar Zarrías y José Antonio Alonso hayan insinuado, sin más explicaciones ni pruebas, que ciertos dirigentes del PP mantuvieron encuentros secreto con los controladores los días previos a la rebelión.