EL fallecimiento de Miguel Manaute, ex consejero de Agricultura de la Junta en los tiempos de Rafael Escuredo, ha vuelto a recordarnos la reforma agraria cuando los políticos sólo hablan de I+D+i. Hoy en día hasta los analfabetos funcionales hablan de investigación, desarrollo e innovación, que queda modernísimo. De la reforma agraria sólo habla ya Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, donde aún perdura la memoria histórica de los jornaleros.

Recordaba Joaquín Galán, presidente del CES y ex consejero de Trabajo, que cuando estaba en la Junta y se implantó el denostado PER el 20% de la población activa andaluza dependía de la agricultura. En cierto momento la alternativa fue subsidio agrario o miseria, aunque a la vez eso generó una dependencia, que el PSOE ha sabido aprovechar políticamente hablando. Los resultados electorales de la Andalucía agraria han sido una cruz para el PP.

Hoy la Andalucía agraria no resiste y apenas subsiste. Entre la Unión Europea y algunos ministros y ministras de Agricultura nefastos le dieron la puntilla. En el Gobierno de Zapatero ya no existe ni la agricultura ni la pesca, que se denominan "medio rural y marino". La Junta sí las mantiene en una consejería, como recuerdo de nuestra historia. Pero con la Transición política, con 30 años de gobierno monocolor en la Junta, una gran parte de los andaluces han pasado del campo a la oficina. Ya no canta Paco Ibáñez el poema de Miguel Hernández, aquello de "Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma: ¿quién, quién levantó los olivos?". Hoy los admiradores de Zarrías cantan aquello de "Andaluces de Jaén, funcionarios activos, decidme en el alma: ¿quién, quién levantó los archivos?". En este tiempo de I+D+i, uno de cada cuatro andaluces que trabaja (23,7%) es funcionario público. Algunos piensan que es el nuevo PER de la Junta y de los ayuntamientos, pero hay que decir que en Extremadura el porcentaje de funcionarios es superior (33,6%) y asimismo están por delante Castilla-La Mancha (24,7%) y Castilla y León (24,1%). Nos superan tres comunidades con tradición agrícola, que también han pasado del campo a la oficina; y por supuesto Ceuta, donde el 53,3% de los que trabajan cobran sueldo público.

Arenas sabe que no puede criticar esto. Además el PP gobierna en Castilla y León, donde hay más porcentaje de funcionarios; y lo tendría imposible si propone un recorte en un sector que emplea a uno de cada cuatro trabajadores andaluces. Antes se veía este exceso de funcionarios muy mal, como un lastre para nuestra economía. Hoy, con los prejubilados de 52 años y las tasas de paro estratosféricas, se ve estupendamente. Al menos, que trabajen ellos.