La esquina

josé / aguilar

El botín de la formación

LA que se está formando con la formación! Se ha empezado a formar una buena escandalera con el fraude descubierto en los cursos de formación de parados subvencionados por la Junta de Andalucía. Ya no es un informe policial filtrado en vísperas de la campaña de las elecciones europeas. Ahora, ya sin elecciones a la vista, lo que hay es un escrito del fiscal jefe de Málaga que pide al juzgado que investigue las anomalías detectadas y tome declaración a funcionarios y cargos públicos.

El Ministerio Público enumera cinco delitos -presuntos- que son como la alineación titular, la que más se repite, de la corrupción vinculada a la política: falsedad, estafa, fraude en subvenciones, prevaricación y tráfico de influencias. Y detalla las irregularidades -presuntas- en los cursos de Formación Profesional Ocupacional convocados en diciembre de 2010 en la provincia de Málaga: documentos falsos, asistencia a clase de alumnos ficticios, suplantación de los tutores, falta de capacitación de los profesores, descontrol en la gestión de las ayudas e incumplimiento generalizado del compromiso de contratación de los desempleados receptores de la -presunta, claramente- formación. ¿Hubo algún requisito, uno solo, que se cumplimentara?, cabe preguntarse.

El hecho de que las irregularidades se extendieran a diecisiete de las veinte agencias y empresas que fueron beneficiadas en dicha tanda de concesiones, que la partida afectada fuera de 1,7 millones de euros y que los fiscales de Sevilla y Almería hayan recibido documentación policial sobre las mismas prácticas en sus respectivas provincias, todo junto, conduce a pensar que estamos ante el comportamiento delictivo común, aunque no necesariamente compartido en una misma trama: la caza de subvenciones.

Se resume así: gente bien situada en los aledaños del poder, bien por razones políticas, familiares o amicales, se aprovecha de las generosas políticas sociales del pasado para entrar a saco en el reparto de unos fondos públicos que responsables políticos y funcionarios se abstienen de someter a los controles a los que están obligados, por clientelismo, desidia o connivencia, que de todo habrá. En este caso, además, con el agravante político y ético de que lo detraído estaba destinado a combatir la mayor lacra social de Andalucía. No hay insolidaridad más cruel que la que se comete en el ámbito de la solidaridad.

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