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El bono social

Esta ayuda no es una ocurrencia del alcalde. Era una demanda de los colectivos sociales de Cádiz

Es curioso que en el Ayuntamiento de Cádiz discuten hasta en los asuntos donde hay unanimidad. Ha pasado con el bono social del agua, y mayormente con el de la luz. Se supone que todos los partidos estaban de acuerdo, en una propuesta que no es sólo de ellos, sino de las entidades solidarias que trabajan con las personas en exclusión, como son Cruz Roja, Cáritas, Fundación Dora Reyes y otras fundaciones, Derechos Humanos, asociaciones de vecinos, hermandades, etcétera. Todos esos grupos (o casi todos) han pagado recibos de luz y de agua a personas que no podían. También el Ayuntamiento, en la etapa anterior, como se ha recordado.

La diferencia de esta iniciativa es la regulación. Hasta ahora dependía de la discrecionalidad y de unos requisitos más o menos lógicos. De modo que no hubiera picaresca, en perjuicio de quienes de verdad lo necesitan. En el futuro, eso estará ordenado. Aparte de que deben cumplir unas normas legales, especialmente en el caso del bono eléctrico, porque en caso contrario se cometería una irregularidad. Eso es lo que pedía el portavoz del PP, Ignacio Romaní, para apoyarlo, aparte de otras consideraciones sobre los amigos del alcalde, que forman parte de la crítica política hipotética.

Se puede suponer que el alcalde, José María González, intentará rentabilizarlo en su provecho político futuro. Pero no es una ocurrencia suya. Era una demanda de los colectivos sociales de Cádiz que trabajan con las personas pobres (o excluidas, como se les dice ahora). Beneficiará a unas 2.000 familias. Y es bueno que así sea, siempre que se aseguren todas las garantías.

Puede que algunos gaditanos piensen que no es conveniente pagar la luz y el agua a otros, porque ellos también pasan dificultades para llegar a fin de mes y no cumplen los requisitos. Hay que decirles que tener una ciudad subvencionada es negativo, ciertamente, porque se mal acostumbran a vivir de la caridad pública o privada. Pero es innegable que hay personas que realmente viven en la pobreza y no pueden pagar la luz y el agua. Se merecen unas condiciones mínimas de dignidad. Eso no perjudica a los demás, porque no repercutirá en las tarifas.

Con las prestaciones sociales se debe mantener un equilibrio. Subvencionar a ciegas es una forma de despilfarrar el dinero público, que se pierde para otras obras e inversiones necesarias. Por eso, hay que exigir garantías a cambio; o incluso prestaciones sociales de los beneficiados, en ciertos casos, como pasa en China y en otros países. Pero el bono social del agua y la luz es diferente, porque va orientado a personas en situaciones de emergencia.

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