Por el bien de ellas, no nos volvamos locos

CARGAR contra las leyes de violencia de género que nos hemos dado en este país es tan peligroso como tramposo es decir que no sirven para nada. Sí sirven. Dan protección a las mujeres y, en algunos casos, no todos, ni siquiera en un porcentaje deseable, evitan males mayores. Dentro de esa normativa, el que terceros puedan denunciar hechos que suceden fuera de su ámbito doméstico es un instrumento útil porque hay mujeres maltratadas que no se atreven a pedir ayuda, ya sea por miedo, amor mal entendido o temor a que sus hijos paguen los pecados del padre. Hay que seguir profundizando para que, en la medida de lo posible, la leyes sean más eficaces, admitiendo que, lamentablemente, algo que ha sucedido siempre -la violencia del hombre contra la mujer- no va a dejar de pasar. No es ese el tema.

Dicho esto, tampoco está de más observar otro hecho que, según las estadísticas, no es generalizado, pero que sucede. A veces la denuncia por malos tratos es utilizada como estrategia. En el caso de los concejales de Chiclana un hombre es denunciado por una tercera persona, una familiar de la supuesta víctima, con el único objetivo de alejarle de ella e, incluso, escarmentarle, al menos a priori. Los protocolos funcionan. La Guardia Civil, como ocurre en la mayor parte de los casos, acude a comprobar si lo que se dice en la denuncia es cierto. Si no encuentra ningún indicio, como en este caso, archiva la denuncia y da conocimiento al juzgado. Pero el mal para el denunciado, si es inocente (nuestro sistema se basa en la presunción de inocencia), está hecho y ya no tenemos presunción de inocencia al punto que se ve forzado a dejar sus cargos. La condena social hacia el presunto maltratador no es compensada, en el caso de las denuncias falsas, con una intimidación legal que disuada al denunciante de cometer este delito, ya que la denuncia falsa (no decimos que éste sea el caso, ya lo dirá el juzgado) es delito. Es un aspecto que hay partidos que exageran hasta la falacia, pero negarlo sólo agranda el discurso de quienes quieren acabar con leyes imprescindibles de protección a la mujer.

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