editorial

Un atentado contra Chiclana

EL Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto a disposición de los ayuntamientos españoles un instrumento para que puedan pagar sus deudas con los proveedores y, para ello, muchos municipios han elaborado y aprobado planes de ajuste en estos días. En la provincia de Cádiz nos hemos encontrado, sin embargo, con la negativa y desagradable noticia de que en un ayuntamiento de la importancia del de Chiclana, el plan de ajuste que permitiría ese pago a proveedores (de 42 millones de euros en este caso) ha sido rechazado por la oposición municipal, formada por el PSOE y el PVRE (partido formado por propietarios de viviendas ilegales). Sólo desde la cortedad de miras, la mísera concepción del ejercicio de la política, la irresponsabilidad y la ausencia de compromiso con una población se puede llegar a extremos como éste, que condenan a toda una localidad a quedarse atrás y rechazar una oportunidad histórica para volver a la senda del equilibrio presupuestario. Lo que ha pasado en Chiclana es un ejemplo de hasta qué punto para algunos políticos todo vale, incluso enterrar el futuro de sus ciudadanos, con tal de erosionar al adversario político y sacar una renta que sólo favorece a los intereses propios. Este atentado contra el sentido común es absolutamente inadmisible y debe ser conocido y condenado públicamente para que se adopten las medidas oportunas que permitan reconducir la situación creada y que Chiclana pueda acogerse a las medidas del Gobierno para salir de la asfixia económica y regularizar sus cuentas. Ayuntamiento y Gobierno central han de llegar a un acuerdo para que se imponga la cordura y esta localidad no se vea privada de un plan de cuya existencia dependen muchos cientos de familias y empresas. Es un escándalo que quienes han contribuido durante sus años de gobierno a dejar a Chiclana en la situación económica en que se encuentra y quienes han hecho valer el incumplimiento de las normas urbanísticas para acceder a un ayuntamiento sean quienes ahora nieguen a sus conciudadanos el derecho a enderezar el rumbo y mejorar sus condiciones de vida. Y el alcalde Ernesto Marín, tiene la obligación de lograr el consenso necesario para hacer realidad un plan del que depende el futuro de Chiclana.

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