YA han pasado tres décadas desde que se formaron los primeros ayuntamientos democráticos. Un hecho político importantísimo, fundamental para el transcurrir de nuestra política democrática y qué duda cabe, un hecho histórico que ha provocado una gran transformación social y económica de nuestras ciudades y pueblos. En aquellos años, la política era distinta, muy distinta, no sólo por la transformación social y cultural que ha sufrido nuestro país, sino porque la política ha perdido su parte soñadora, su parte ideológica, su parte personal y transformadora, y ha cogido mucho de su parte mercantilista. Esto ha traído una profesionalización a la política en muchos casos no justificada. La gestión es lo importante, la política sobra de los ayuntamientos, esa era, y es todavía, la ideología imperante de los ayuntamientos. Craso error, porque lo importante es sumar ambas cosas y no restarle. Y hay que recordar que esta despolitización de la política es la que ha traído desprestigio a la misma además de transfuguismo, corrupción y mala gestión. Por lo tanto, todo esto es lo que justifica el cambio de la Ley Electoral que desde distintos ámbitos se viene exigiendo. Treinta años dan muchos motivos para corregir los errores y, cómo no, también para reafirmar lo válido. Aunque más que cambios habría que refundar los ayuntamientos.

Para empezar, hay que cambiar la ley para que los alcaldes sean elegidos por el pueblo, es decir, el alcalde será el de la lista más votada. Con esto se evitaría casos de transfuguismo e incluso los famosos pactos antinatura ante los cuales los ciudadanos sólo podemos asistir perplejos sin que nuestra opinión ni nuestro voto sea tenida en cuenta. Pero también habría que preguntarse si la composición actual de los ayuntamientos, su funcionamiento y ordenamiento político, tienen utilidad pública o, por el contrario, a veces puede significar un obstáculo para la gobernabilidad y, por lo tanto, un tapón para favorecer los intereses de los ciudadanos. Pero todo esto, qué duda cabe, requeriría un gran debate y un gran consenso político. Y otro cambio importantísimo es sin lugar a dudas la financiación. Los ayuntamientos han asumido diversos compromisos de políticas sociales, de seguridad, de igualdad, de juventud, etcétera, que necesitan aumento de gastos y, por lo tanto, más financiación del Estado. Pero esta es una asignatura pendiente que ninguno de los dos grandes partidos cuando gobiernan quieren asumir. Y es urgente la reforma de la financiación que ahoga a los municipios. Pero este aumento debería ir acompañado de un compromiso de corresponsabilidad del gasto. No se puede enterrar dinero público en proyectos que no tienen viabilidad y algunos incluso no son terminados. Tampoco es lógico que algunos municipios se quejen de no tener dinero para gastos sociales y, sin embargo, gasten grandes sumas en TV locales para propaganda institucional. Por lo tanto, el aumento de la financiación tendría que ir acompañado de una mayor responsabilidad del gasto del dinero de los contribuyentes. Otro cambio importante es la corresponsabilidad de los ciudadanos y colectivos sociales en la política municipal. Hay que dotar a los ayuntamientos de una verdadera participación ciudadana. Esto implicaría presupuestos participativos, corresponsabilidad en los proyectos emblemáticos o, al menos, que éstos cuenten con la aprobación de los ciudadanos. Además, las políticas fiscal, de seguridad y tráfico deberán contar con el apoyo de los ciudadanos a través de los distintos colectivos que los representen.

Para que la política sea participativa, tal y como prevé la ley, hay que dotar a los plenos de los mecanismos necesarios para que la opiniones de los ciudadanos tengan carácter vinculante y no testimonial. No hay que olvidar que los políticos son solamente los administradores de los intereses de los ciudadanos que son "los propietarios de la ciudad".

En definitiva, que hay que apostar por unos ayuntamientos responsables, participativos y, sobre todo, transparentes.