Andalucía es una de las pocas comunidades de España donde no se conoce la alternancia política. Lo más parecido fue la sustitución en 1984 de Escuredo por Rodríguez de la Borbolla, y en 1990 de éste por Manuel Chaves. La mano de Guerra estuvo detrás de las dos operaciones de relevo, que se produjeron más por cuestiones internas del PSOE que por demanda del electorado andaluz. Es por eso que la alternancia en Andalucía es un debate abierto, que se repite siempre ante la proximidad de cada cita electoral. No sólo porque interese a los partidos de la oposición, sino porque el cambio de partido en el Gobierno es señal de estabilidad democrática. El PP viene reclamando desde 1986 para su proyecto político este derecho democrático que conceden los ciudadanos en las urnas. En 1994, los populares, con Javier Arenas a la cabeza, se quedaron a tan sólo 6,30 puntos. Pero no supieron aprovechar los ocho años de mayoría minoritaria del PSOE. Sin embargo, sí estuvieron acertados en las capitales de provincia, donde son los más votados desde hace más de una década. Si quiere lograr esa alternancia, el PP podría empezar por explicarle a su compañera Ana Mato que el analfabetismo en Andalucía era sinónimo de hambre y miseria, sobre todo en los pueblos. Ya puesta, la candidata de Madrid podría haberlo contado todo, porque el fracaso escolar entre los alumnos madrileños de ESO es del 22,1%, ligeramente por encima de la media nacional. La educación es un problema de Estado, y necesita de un pacto entre el PSOE y el PP, que son los que han provocado los malos resultados del informe PISA con cambios legislaciones inútiles. Además, el PP debe asumir que no se sostiene por más tiempo la defensa de principios como la multilateralidad, la solidaridad y la igualdad, donde cabe la reclamación de la deuda histórica andaluza, con ese discurso de la Andalucía subsidiada y el voto cautivo, que sólo sirve ya para echarle la culpa al empedrado de las derrotas electorales.