EUROPA vive una de las mayores crisis humanitarias que se recuerdan desde la Segunda Guerra Mundial. El conflicto en Siria ha desbordado la llegada al continente de refugiados que huyen de la guerra en ese país y ha hecho saltar todas las alarmas pese a que hace mucho tiempo que la amenaza de un éxodo masivo hacia el entorno comunitario era una posibilidad más que real. Aunque se trate de las consecuencias de un problema generado en una zona en conflicto bélico fuera de las fronteras europeas, ningún país de la UE puede mirar hacia otro lado ante esta situación. No estamos, como en otras ocasiones, ante un asunto relacionado con la inmigración vinculada a la búsqueda de trabajo. Se trata de algo mucho más básico, tanto como la propia supervivencia de miles de personas. La huida no responde en este caso a la necesidad de encontrar un medio de vida. De hecho, quienes huyen de los conflictos bélicos manifiestan que su objetivo es tan simple como la supervivencia de sus familias y desean regresar a su país. Y Europa es un continente que a lo largo de su historia, y muy especialmente en el siglo XX, sabe muy bien lo que son las crisis humanitarias. Las escenas de personas hacinadas en los trenes en Budapest, la capital de un país miembro de pleno derecho de la UE, o la ya triste y mundialmente conocida imagen del niño muerto en la orilla de una playa de Turquía traen a la memoria momentos que parecen sacados de otra época, horrible y gris, supuestamente superada. Ante esta situación, España ha reaccionado, como el resto de países de la Unión Europea, de manera titubeante, propia de quien no parece creer lo que está pasando. La atención a los refugiados que huyen de un conflicto cruel y despiadado ha de ser una máxima prioridad, por encima de los costes que ello suponga. Ese es el mensaje que desde una sociedad que se supone desarrollada y desde un país democrático y un Estado de Derecho ha de enviarse a las víctimas y al resto del mundo, más allá de las razones, que habrán de ser objeto de estudio en instituciones de carácter supranacional, del origen del conflicto que ha desembocado en esta crisis. Las políticas o decisiones municipales sobre los refugiados en España son en muchos casos bienintencionadas, pero estamos ante una cuestión de Estado como son las políticas migratorias y la atención a los refugiados de guerra. Los gobiernos de la Unión Europea y las Naciones Unidas (a cuyo Consejo de Seguridad pertenece España) deben dar los pasos para, por un lado, atajar las urgencias humanitarias y que nadie, ninguna persona, fallezca, y por otro, acabar con el origen del drama. En ambos casos, España ha de colaborar con la máxima ejemplaridad y generosidad.