Hay tres brechas ignoradas en el caso de los eres. La primera es que sobraba el dinero. Se habla mucho de corrupción, clientelismo, y descontrol. De todo hay. Pero se dice poco que sobraba el dinero. De Fondo Social Europeo han venido a Andalucía más de 7.000 millones de euros desde 1986 hasta hoy. Probablemente más, porque la administración central contabilizó a veces su partida en los planes plurirregionales. En todo caso, durante la vigencia del programa considerado ilegal, la región recibió más de 400 millones de euros anuales de subvenciones del FSE. Unan al descontrol la abundancia de fondos y tendrán una ecuación perversa.

La segunda fisura es el clientelismo. Lo hubo. Es habitual que en las comunidades autónomas se eternice un partido en el poder y practique con eficacia el clientelismo: CiU en Cataluña, el PNV en el País Vasco, el PP en Valencia, Madrid y Galicia; el PSOE en Extremadura, Castilla La Mancha o Andalucía… Así, la alternancia en los gobiernos autonómicos es menos frecuente que en ayuntamientos o gobierno central. Pero aquí además ha habido clientelismo interno del PSOE: se ha despilfarrado más en determinadas provincias y comarcas que en otras.

Eso significaría que una familia socialista aprovechaba su influencia sobre la Consejería de Empleo para conseguir la hegemonía provincial atendiendo los requerimientos de sus representantes en determinados municipios. Así se ganaban congresos provinciales. Al PSOE andaluz le han faltado muchas cosas en este asunto. Una de ellas es una auditoría interna para saber qué pasó en su interior para que el partido no detectara abusos en localidades concretas y fuese el inductor para que se produjeran.

Y el tercer agujero es la sentencia misma. Comparto lo escrito sobre la honradez personal de Chaves y Griñán, que hago extensiva a otros como Martínez Aguayo. En el banquillo se sentaban responsables directos de este caso de corrupción y otros con obligaciones indirectas. Que tengan penas de cárcel similares no parece justo. Si dirigentes de Empleo como Viera, Fernández o Guerrero merecen siete años de prisión, otros deberían haber saldado su culpabilidad con una inhabilitación. La solicitud de entrada inmediata en prisión de unos sí y otros no parece confirmar esta teoría.

El caso ofrece enseñanzas para el futuro. Juanma Moreno parece sólo preocupado de la vendetta por la destitución de Rajoy y Susana Díaz en eludir toda obligación. Mañana abordamos la actitud de ambos.