AL igual que todas las comunidades autónomas, la Junta de Andalucía ha remitido al Ministerio de Hacienda un informe sobre la aplicación en nuestra tierra del actual modelo de financiación autonómica. El objetivo de estos informes es disponer de datos y diagnósticos acerca de las consecuencias de este sistema que permitan el debate y aprobación del que ha de sustituirlo en el futuro inmediato, dado que su periodo de vigencia ha concluido. Como otras comunidades, el informe que hizo público la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha concluido que el modelo que se implantó en 2009 no ha permitido garantizar los recursos para servicios básicos, ha aumentado la desigualdad en la financiación por habitante y ha incrementado la falta de convergencia entre los territorios de España. Concretamente, la consejera ha cifrado en 2.800 millones de euros la cantidad de dinero que Andalucía ha dejado de ingresar al sufrir una merma en el capítulo de financiación per cápita. Podría tratarse de la recuperación del concepto de deuda histórica que fue utilizado por gobiernos autonómicos anteriores para su política de confrontación con los gobiernos centrales del PP, a la que éstos correspondieron con posiciones y actitudes semejantes. Es curioso, en cualquier caso, que en la actual coyuntura de austeridad y recortes, prácticamente todas las comunidades autónomas se sientan damnificados por el modelo de financiación que casi todas ellas aprobaron hace cinco años. La afirmación incluye a la Junta de Andalucía, cuyo presidente de entonces, José Antonio Griñán, consideró positivo el sistema al que su sucesora atribuye un perjuicio para Andalucía cifrado en 2.800 millones. La verdad es que el Estado de las Autonomías, un gran éxito de la política en la transición, no dejó resuelto el tema de su financiación, que quedó sometido a los sucesivos vaivenes de la política cotidiana y a las negociaciones de los gobiernos con las minorías nacionalistas que necesitaron en cada momento. También lo es que la delimitación de la financiación de las autonomías no resulta fácilmente objetivable, puesto que los criterios de distribución pueden ser muchos y contrapuestos, ni las propias comunidades ayudan a ello al poner el énfasis en aquellos factores que más se adaptan a sus propios intereses. Finalmente, las próximas contiendas electorales, y en particular los comicios autonómicos del año 2015, tampoco contribuyen a allanar el camino para encontrar y pactar un modelo que se aproxime a la mejor solución para el interés general y que parta de una vocación de estabilidad que hasta ahora no ha sido posible en ningún caso.