EL presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aceptó ayer que la Ejecutiva socialista reabra el debate sobre la regulación del aborto. La voluntad inicial de Zapatero era la de no mover tan polémica cuestión. De hecho, en el programa electoral con que los socialistas ganaron las elecciones en 2004 figuraba una ampliación de los tres supuestos en que se permite la interrupción voluntaria del embarazo en España, pero pocos meses después el propio presidente del Gobierno eliminaba esta promesa de su agenda legislativa. En las últimas semanas se ha agudizado el debate sobre el aborto al descubrirse que algunas clínicas de Barcelona y Madrid estaban realizando abortos ilegales, aprovechando los resquicios que deja abiertos una de las tres posibilidades que recoge la ley (concretamente, la interrupción en caso de grave peligro para la salud física o psíquica de la madre), que ha sido usada abusivamente por negociantes sin escrúpulos para practicar abortos a embarazadas en muy avanzado estado de gestación. Los sectores más radicales del PSOE estiman que existe una campaña contra el aborto legal y que la mejor manera de combatirla es cambiar la norma vigente para imponer una ley de plazos, aún más flexible que la actual, que autorice a la mujer a abortar con la sola expresión de su voluntad de hacerlo, sin otro requisito añadido más que hacerlo sólo hasta un determinado tiempo de gestación. Se trataría, para estos sectores, de dar un paso adelante hacia la completa despenalización de las prácticas abortivas. Otros muchos ciudadanos se oponen, con toda seguridad, a cualquier flexibilización en materia de aborto. La Ejecutiva del PSOE habrá de meditar muy seriamente sobre el grave problema de credibilidad y el coste electoral que asumiría si se decide por ampliar los supuestos de aborto, lo que chocaría con las convicciones de una parte amplia de la población, que no lo considera un asunto de especial urgencia.