Un cuerpo de funcionarios públicos que goza en España de singular prestigio, en razón de sus probadas competencia e independencia, está hoy en solfa por su utilización partidaria por el presidente en funciones Pedro Sanchez y por su ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La Abogacía del Estado no es el órgano consultivo del máximo nivel, porque este es el Consejo de Estado, que además de personalidades políticas y juristas de prestigio, cuenta con el apoyo técnico del prestigioso cuerpo de letrados del Consejo de Estado. Las autoridades públicas pueden contar con asesoramientos jurídicos, pero una vez emitido el dictamen por la Abogacía del Estado, no puede solicitarse otro, más que al Consejo de Estado. El tema lo conozco porque en el año 1961 ingresé en el Cuerpo de Abogados del Estado y mi primer y único destino fue la Abogacía del Estado y Tribunales de Cádiz. Cuando me jubilé en 2005, al cumplir los 70 años, había completado más de 44 años de servicio, "prestados día a día", como decía el viejo Estatuto de clases pasivas, porque el tiempo que estuve en política, se computaba como servicio activo. Por las fechas que detallo, ya habrá deducido el lector que una gran parte de mi carrera no la desempeñé bajo una democracia, sino cuando Franco ostentaba la jefatura de Estado y, por tanto, en una dictadura. Yo y otros muchos compañeros recibíamos presiones de los gobernadores civiles para cambiar en algo (o en todo) un dictamen. En mi caso no fueron muchas las ocasiones, pero el que fue secretario general del gobierno civil, gran persona y amigo, Antonio Fernandez y Ruiz de Villegas, me llamó en más de una ocasión, mostrándome la disconformidad del Poncio Pilatos de turno (así irónicamente se les llamaba en Cádiz a los Gobernadores) con algo de lo dictaminado. Si era mucho, la solución estaba en sugerir que el gobernador retirara su petición de informe, porque estos no son preceptivos, ni vinculantes. No cuento lo anterior para que se llegue a la conclusión de que en la democracia se presiona más que en la dictadura. Todo lo contrario. Lo que si depende en mucho es del talante del que manda. El caso del dictamen del jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado, que veía rebelión, donde se quería que fuere sedición y ahora tener que acudir a la Abogada general del Estado para que informe a favor de lo pretendido por Sanchez, en cuanto a los anticipos a las CCAA, cuando antes se había informado por la Abogacía en sentido contrario, no habla muy bien del talante democrático del presidente y de su ministra de Hacienda.