EL ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha tenido que rectificar sobre la marcha su polémica decisión de retirar la ayuda complementaria que su departamento ha venido concediendo a los universitarios que se benefician de las becas de la Unión Europea para participar en el programa Erasmus. La medida, que en realidad había sido adoptada a finales de octubre, provocó tal escándalo al ser conocida por los afectados, la comunidad universitaria y los círculos políticos que el Ministerio se ha visto forzado a dar marcha atrás por orden directa de la Moncloa, sensibilizada por las numerosas e intensas protestas. La idea de limitar estas ayudas a aquellos alumnos que reciben una beca general en base a sus escasos recursos, concentrando en ellos los fondos públicos de que se dispone y no repartiéndolos entre todos los erasmus, responde a una orientación general de la Comisión Europea y ya ha sido adoptada por otras naciones de nuestro entorno. Tiene una justificación social indudable: es preferible favorecer a los universitarios que, por su situación económica, necesitan el complemento ministerial, que extenderla hacia los que por la renta familiar de que disponen pueden acogerse al programa con sus propios medios, todo ello partiendo de la base de que la política de austeridad obliga a distribuir con justicia unos presupuestos notablemente recortados. El problema es que el ministro Wert, investido por el talante que le caracteriza, ha pretendido imponer el ajuste de forma precipitada, cuando decenas de miles de alumnos se encuentran ya siguiendo el curso en universidades extranjeras tras haber planificado su estancia contando con sus ahorros y con la beca Erasmus que habían solicitado en tiempo y forma. Es decir, que el Ministerio de Educación ha querido alterar las reglas del juego o, por decirlo de otra manera, ha intentado aplicar el recorte con carácter retroactivo. Ayer, tras al rechazo de todos los partidos y la indicación perentoria del presidente y la vicepresidenta del Gobierno, el ministro anunció la suspensión de la orden durante el curso actual y el mantenimiento, mediante una enmienda al presupuesto, de las cantidades asignadas a las becas Erasmus hasta el año que viene. Wert ha insistido en defender la redistribución de las ayudas contenida en la polémica orden, y hay que apoyar su planteamiento. Pero tendrá que volver a presentarla, y someterla al debate pertinente, el curso próximo, antes de que se conozcan las condiciones que habrán de cumplir los aspirantes. Lo normal en un sistema democrático en el que las mejores ideas corren el peligro de estropearse si se quiere implantarlas unilateral y precipitadamente.