Editorial

Vuelve el riesgo de caos aeroportuario

LOS sindicatos presentes en Aena oficializaron ayer el preaviso de convocatoria de huelga en los aeropuertos españoles a lo largo de veintidós días repartidos en cinco meses, incluyendo el jueves, viernes y domingo de Semana Santa y los días clave de viajes en agosto. La protesta no tiene el carácter de desafío a la legalidad que llevó a los controladores a paralizar los vuelos en diciembre pasado y a la declaración del estado de alarma, ya que sus convocantes (CCOO, UGT y USO) la han anunciado con los requisitos de tiempo y tramitación exigidos por la ley y, en todo caso, estará sujeta a la fijación de servicios mínimos que va a impedir la reproducción del caos que vivieron los aeropuertos en la fecha comentada y que sufrieron millones de españoles. No obstante, la elección cuidadosa de las fechas de huelga sólo puede tener un objetivo: causar el mayor trastorno posible, con la consecuencia directa de perjudicar a los ciudadanos en sus vacaciones, tomando una vez más a los usuarios como rehenes de unas reivindicaciones que les son completamente ajenas. Reivindicaciones, por cierto, que se centran en el rechazo a las medidas de privatización decretadas por el Gobierno de la nación ante el temor de que supongan una alteración de las condiciones de trabajo de los empleados de la empresa gestora de la navegación aérea. Pueden ser demandas legítimas desde el punto de vista sindical, pero no deben servir en ningún momento como pretexto para dañar a los ciudadanos y, a nivel colectivo, los intereses turísticos de todo un país que cree con razón que en ellos está una de las vías fundamentales para salir de la grave crisis económica que padecemos. Aún es tiempo de evitar este disparate mediante la negociación, que el Ejecutivo ha de afrontar con la firmeza que exige el bien colectivo. El anuncio de este nuevo conflicto hace aún más perentoria la necesidad de regular el derecho de huelga en el sector público y estratégico. Aunque sólo sea por cumplir el mandato de la Constitución al respecto, que ya tarda 33 años.

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