Este lío del aborto en Castilla y León, que ha durado una semana, es el primero de una larga serie de conflictos y polémicas que envolverán la larguísima campaña electoral por capítulos que se desarrollará a lo largo de 2023. La víctima buscada en esta magna operación desestabilizadora es el PP de Feijóo... que muestra poca contundencia para no serlo (víctima).

Ahí está el ejemplo de Fernández Mañueco. Es un político tan torpe que convocó elecciones anticipadas en Castilla y León para deshacerse de un socio de gobierno incómodo y agonizante (Ciudadanos) para tener que gobernar con un socio indeseable y desestabilizador (Vox). Le cedió a la ultraderecha la mayor cuota de poder institucional que ha alcanzado en España y nombró vicepresidente de la Junta a uno de los líderes -por llamarlo de alguna manera- más indocumentados e insustanciales de la política nacional.

Tan torpe que la crisis del aborto no la ha creado el vicepresidente Juan García-Gallardo, que sólo ha obedecido a su jefe Abascal e impulsado la política antiabortista contenida en el programa de Vox, sino él, que ha tardado una semana en aclarar las cosas: en Castilla y León los médicos no estarán obligados a recomendar a las mujeres que quieran abortar las nuevas prestaciones del sistema sanitario (escucha del latido fetal, ecografía 4D, ayuda psicológica) y las embarazadas que deseen abortar no serán forzadas a aceptarlas, no hay ningún protocolo distinto del vigente ni se vulnera la ley nacional sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Ahora bien, ¿por qué no dijo esto desde el primer día? ¿por qué no zanjó la cuestión en cuanto el vicepresidente ultra anunció las medidas antiaborto como una política pactada entre PP y Vox y que se implantaría de inmediato? Cualquiera está legitimado para pensar que la tardanza acarrea dos motivos de sospecha. Uno, que Fernández Mañueco había negociado las medidas como un protocolo nuevo de aplicación inmediata -el portavoz de la Junta, del PP, que estaba junto a García-Gallardo, no le objetó una sola palabta- y después se arrepintió en vista de la polvareda levantada. Dos, que no cambió voluntariamente, sino por mandato expreso de Feijóo, consciente del daño que a sus intereses electorales puede producir la connivencia con la derecha extrema.

Que es lo que el Gobierno de Pedro Sánchez captó al vuelo. Desde el minuto uno.