EL próximo 28 de septiembre en España sólo se va a hablar de si las elecciones las han ganado los partidarios de la independencia de Cataluña o los que quieren mantener el vínculo con el resto de España. Desde esta incuestionable realidad, los comicios convocados por el insensato de Artur Mas tienen un evidente carácter plebiscitario, por más que su naturaleza jurídica sea la de unos comicios para la renovación del Parlamento de Cataluña. Otra cosa es la deriva que puede seguir a partir de ese momento el desvarío secesionista y las medidas que pueda adoptar el Estado en defensa de la legalidad constitucional. Las elecciones catalanas, per se, no son un desafío; lo que puede pasar después de su celebración es el principal riesgo para la estabilidad nacional que se plantea en décadas. Por muchas razones, la mayoría de ellas obvias. Pero también porque es una incógnita el margen de maniobra que en defensa de esa estabilidad puede utilizar el Estado. El artículo 155 de la Constitución, tan citado en las últimas semanas, permitiría intervenir la autonomía catalana, pero las consecuencias de su utilización son imprevisibles porque nunca se ha utilizado y ni tan siquiera se había planteado su posible utilización. Si hubiera que ponerlo en marcha nadie puede prever las consecuencias que acarrearía. La vía más democrática y segura para evitar situaciones que puedan traer consecuencias graves es la que proclamaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la semana pasada tras conocerse el decreto de convocatoria firmado por Mas: es deseable una movilización social para que acudan a las urnas todos los catalanes que cuestionan la aventura secesionista en la que los ha colocado el titular de la Generalitat. Para conseguir esa movilización, que respondería a una mayoría sociológica reflejada en diversos sondeos, las fuerzas políticas que defienden la permanencia de Cataluña en España deben hablar con un mensaje inequívoco. Cierto que son muchos los catalanes que no están de acuerdo con aspectos sustanciales del modelo actual del Estado autonómico y que piden cambios, sin que por ello se planteen la secesión. Recoger ese sentimiento es una obligación democrática. No se les puede dejar a los separatistas la exclusiva de la reivindicación de una mejora de la situación de Cataluña. Pero ello tampoco puede dar lugar a que los partidos nacionales rompan los equilibrios territoriales en los que se asienta el sistema democrático. Sólo la derrota del separatismo en las urnas pondría las cosas en su sitio. Para ello es necesario que los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, fortalezcan en las próximas semanas sus posiciones. La posición de debilidad en la que ambos parten en este proceso electoral no es el mejor punto de partida.

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