En una democracia nada justifica la protesta violenta. Y mucho menos el asedio a la sede parlamentaria e incluso los intentos por entrar en ella por la fuerza. Se equivocaron ayer los manifestantes convocados por la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi al provocar algaradas frente al Parlamento, intentar derribar las vallas que lo protegían, lanzar objetos contra él, arremeter contra la Policía cuando procedió a detener a dos manifestantes y atacar a palos y botellazos el vehículo que transportaba a uno de los detenidos.

La violencia quita razones. El gremio de los taxistas se ha autoperjudicado en esta y otras ocasiones recurriendo a ella. Es un servicio público necesario y un duro oficio -piénsese en el estrés de estar tantas horas al volante sufriendo el tráfico- que merece todo respeto, se habla a veces con excesiva ligereza de ellos echando sobre todos los fallos de unos pocos, tienen el derecho que permite a cualquier trabajador defender su puesto de trabajo frente a una competencia que las autoridades públicas deben regular y por supuesto el de manifestarse. Nunca he compartido la crítica generalizada a este sector, cargada de prejuicios y ciega ante el necesario, buen y amable servicio que la mayoría de ellos presta. Pero el recurso a la violencia en su ya largo enfrentamiento con los VTC -que también en ocasiones han recurrido a ella- no tiene justificación.

La protesta de ayer, que adquirió dimensión europea con la paralela manifestación en Bruselas para denunciar -según los convocantes- "el lobby de las VTC" y "reivindicar el papel del taxi", no debió resolverse en algarada, enfrentamientos con la Policía y agresión al Parlamento. Una moda antidemocrática que empezó en Cataluña con el asedio al Parlament en junio de 2011 alentado por los indignados, siguió en Madrid el 25 de septiembre de 2012 y el 25 de abril de 2013 convocado por la izquierda antisistema hoy en parte cogobernante y siguió en Sevilla en enero de 2019 cuando, con apoyo del PSOE y los podemitas, una multitud rodeó nuestro Parlamento durante la investidura de Moreno Bonilla coreando "fuera fascistas de nuestro Parlamento", "Bonilla escucha, estamos en la lucha" o "Franco no ha muerto, está en el Parlamento". Lo de ayer no fue tan grave ni atentaba directamente, como en estos casos, contra la representación democrática. Pero los convocantes debían haberlo evitado.