Alguien debería decir 'vale ya'. La propia juez ha dicho que las palabras del alcalde podemita de Cádiz y de algunos miembros de su equipo, sobre la actuación del anterior gobierno popular en el caso del agua de Loreto estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión, y enmarcadas en el natural debate político. Es decir, que no atentaban al honor personal de nadie. Honradamente, cualquier persona sensata en un país democrático pensaría lo mismo. No estamos hablando de educación o de costumbres deseables. Pero los supuestamente agraviados insisten en que su honor está por encima de esta convención fundamental para la convivencia entre partidos, y anuncian que recurrirán la decisión judicial. Como si no hubiéramos tenido bastante con esta bronca inútil y perjudicial, sobre todo porque no estamos para perder el tiempo. Así que insisten en que sí, en que debemos mantener la pelea en los tribunales.

El equipo de gobierno de José María González no debería haber empezado la bronca, buscando responsabilidades penales en una actuación municipal que (los informes lo corroboran) no fue precisamente ejemplar, cuando un barrio entero tuvo que verse protagonizando escenas de otros tiempos, y los munícipes daban una imagen de estar totalmente desbordados, y no precisamente de agua. Hubo algo de regusto vengativo y populachero cuando desde San Juan de Dios se empezó a señalar airadamente con el dedo a Teófila y sus concejales. Acudir al fiscal, aunque temerosos del resultado, no fue la mejor medida, y dio la impresión de que ellos lo sabían.

Los políticos deberían saber, están obligados a saber, que cuando son elegidos porque ellos se han presentado voluntariamente a la contienda electoral una buena parte de sus vidas pasa a ser propiedad no sólo de sus votantes, sino de todo el pueblo al que tienen encomendado gobernar. El honor personal de un político empieza y acaba en los mismos límites que los de cualquier ciudadano: en las acciones u omisiones que afecten sólo a su vida privada. En realidad, la vida privada de los políticos, como la de cualquier servidor público, también se reduce mucho. No es lo mismo una infracción cometida por un ciudadano particular que si un alcalde se salta un semáforo o conduce bebido. Así que tienen con todos los vecinos la obligación de venir llorados al cargo, y no hacer aspavientos cuando un rival político les acusa de algo en un entorno político (y recordemos que político viene del griego polis, es decir, la ciudad, la comunidad, la vida en convivencia). A argumentos hay que responder con argumentos. Y si las acusaciones no son muy sólidas más fácil será la defensa con palabras.

Así que, y teniendo en cuenta que nuestra opinión no pasa de ser eso, digamos que harían bien los populares en parar aquí, y dejar que el 'caso' deje de ser tal. Prolongarlo podría venirnos bien a los periodistas, en el mal entendido de que se llenan páginas, pero sentará muy mal a la buena vida política. Y, dicho sea de paso, ya va conviniendo lo contrario.