la tribuna

Antonio Ramírez De Arellano

Universidad: racionalizar la austeridad

LAS universidades públicas no somos perfectas; nos encontramos en un continuo proceso de mejora, como afirma Adelaida de la Calle, rectora de la Universidad de Málaga y presidenta de la CRUE. Sabemos que podemos y debemos hacer mejor las cosas; es nuestro reto permanente. ¿Cómo? Posiblemente, realizando un esfuerzo mayor de transparencia y rendición de cuentas, tanto económicas como de resultados de nuestras funciones formativas, investigadoras y de transferencia del conocimiento. Pero esta imperfección, inherente a toda actividad humana, no implica que seamos ineficientes o derrochadoras y que en España sobren universitarios y universidades.

En Andalucía, las universidades públicas hemos dado muestras de compromiso, eficiencia, capacidad de diálogo y lealtad institucional. En las últimas décadas, nuestras universidades han ofrecido educación superior a varios millones de andaluces, precisamente los líderes de hoy. Formamos a unos 250.000 estudiantes al año y generamos 30.000 empleos directos, con un evidente efecto multiplicador de riqueza.

Con nuestras singularidades, las diez universidades andaluzas formamos un bloque compacto, al servicio exclusivo de la sociedad, de las personas y del tejido institucional y productivo. Hemos logrado que el nuestro sea un auténtico Sistema Universitario, cohesionado y potente, pero que vive momentos de angustia económica -por las incertidumbres presupuestarias y por las dificultades de tesorería- y de preocupación por la anunciada reforma de la Universidad española, que amenaza la autonomía e independencia universitaria y que puede conducirnos a la incorporación de criterios ya fracasados y obsoletos de gestión privada en lo público. La creación de nuevos monopolios u oligopolios de oferta de servicios públicos sólo conducirá, como expresan los modelos microeconómicos, a la maximización del beneficio del monopolista o a la colusión en el reparto de los mercados con el mismo fin.

Nos preocupa, de forma especial, que esta reforma se esté elaborando sin contar con los representantes legítimos de las universidades, que también representan a los intereses de la sociedad. Tanto este Gobierno como el anterior han empleado el modelo de encargar el análisis de la situación a grupos de expertos, con diagnósticos más o menos preestablecidos. Esta metodología, inaugurada hace más de una década con el Informe Bricall, ha conducido a los resultados conocidos: un primer decenio del siglo XXI lleno de cambios legales en el que cada Gobierno ha deshecho lo realizado por el anterior. Complejo de Penélope que advertía Larra como una de las características más españolas. Lo que verdaderamente necesitan las universidades, y puede que todo nuestro sistema educativo, son leyes consensuadas y estables, con la participación de todos los actores.

La superposición de medidas económicas y legales que venimos sufriendo, y la falta de diálogo, pueden tener efectos irreversibles en el sistema universitario, que deben ser atajados. Más que nunca es preciso evolucionar de los recortes indiscriminados al ahorro concertado; de la imposición al trabajo conjunto de todas las instituciones implicadas en la Educación Superior, al menos en Andalucía. A la racionalización de las medidas de ahorro se debe unir como principio esencial el compromiso contra la descapitalización humana de las universidades públicas: de estudiantes, de profesores e investigadores, de empleados.

Se hace imprescindible un gran acuerdo, una acción concertada, para abordar desde el consenso las situaciones de dificultad creadas por la crisis, que permita seguir apostando por la calidad educativa e investigadora en Andalucía, como puntos de apoyo de las palancas de innovación y emprendimiento para salir de la crisis, y enfocar nuestros esfuerzos en la optimización de los recursos públicos y a nuestras misiones. Deben ser posibles acuerdos amplios y modélicos en los siguientes ámbitos:

-Igualdad de oportunidades y equidad en el acceso a los estudios superiores.

-Estabilidad en el empleo y perspectivas de carrera profesional.

-Financiación suficiente y estable.

-Estabilidad normativa y consenso para la salvaguardar la autonomía e independencia universitaria.

-Potenciación del Sistema Universitario Andaluz.

Tras más de 30 años de leyes universitarias en democracia, con gobiernos de distinto signo, se cuestiona ahora a las Universidades públicas como uno de los pilares del Estado social que prevé la Constitución en su artículo 1. Frente a quienes quieren imponernos la inexorabilidad de las reformas afirmo que lo único inexorable es trabajar juntos y racionalizar la austeridad.

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