Hay burbuja académica. Nos sobran titulados universitarios y nos faltan profesionales de grado medio. Un 37% de los universitarios españoles con trabajo están en puestos por debajo de su cualificación. Catorce puntos más que la media europea, según el informe de la Fundación CYD presentado el jueves. Padecemos una titulitis feroz; todo el mundo quiere diplomas. El que responsables políticos como una presidenta autonómica, una ministra y el presidente del primer partido del Parlamento, hayan obtenido títulos sin ir a clase, examinarse o hacer trabajos de valía, no es más que un síntoma.

No, no son sólo los máster VIP. Ni es sólo un instituto concreto en una universidad precisa. Es el sistema el que hace aguas. En público, profesores que ejercen de comentaristas de radio y televisión con un acerado espíritu crítico, cierran filas cuando hablan de su mundo universitario. Pero en privado se oyen miserias. Como la endogamia que permite que un estudiante se convierta en profesor e incluso en catedrático sin salir de su universidad. Que se acerque a la mitad el porcentaje de oposiciones a las que sólo concurre un candidato, con la plaza asegurada. Que sólo el 20% de los investigadores hagan transferencia a la economía productiva. Que a los consejos sociales no puedan controlar a los rectores…

Y más. Tenemos un régimen de funcionarios-para-toda-la-vida; que se reclama que transite hacia un sistema de contrataciones, que abra las universidades a profesores de fuera, extranjeros incluidos. Hay falsas acreditaciones de trabajos de investigación o estancias internacionales que pasan el filtro de la Agencia Nacional de Evaluación. Profesores que procuran dar mientras menos clases mejor. Una norma antiplagio que -como ha publicado mi colega Berta González de Vega- es una ley franquista de 1954; los rectores no se están dando mucha prisa en su reforma. Hay inflación de maestrías con poco rigor, en las que lo importante es facturar y lo difícil es suspender. Tribunales de doctorado seleccionados por el director de la investigación y el alumno. El doctorado que guardaba tan celosamente el presidente del Gobierno es hijo de todo eso.

El informe de CYD señala que hay 1,3 millones de estudiantes universitarios, un 10% menos que hace seis años. Y que un tercio de los cursos de posgrado los imparten ya universidades privadas. Y, claro está, hay profesoras y profesores extraordinarios en la universidad pública, con vocación por la investigación, la enseñanza y la divulgación científica, pero el sistema ni los fomenta ni los protege.

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