Gastronomía José Carlos Capel: “Lo que nos une a los españoles es la tortilla de patatas y El Corte Inglés”

LA presencia de miembros de ETA en Venezuela se remonta al proceso de negociaciones de paz desarrollado en Argel cuando gobernaba Felipe González. Lo que España no puede aceptar, ni entonces ni ahora, es que estos etarras prosigan en territorio venezolano su actividad criminal contra nuestro país, y menos que pueda darse alguna forma de protección o pasividad del gobierno de Caracas ante estas actividades. Es lo que el régimen de Hugo Chávez tiene que aclarar rotundamente, y mientras más pronto mejor, después de que la tesis del activismo terrorista en Venezuela se haya ido consolidando con el tiempo. Ya con anterioridad se descubrieron, por partida doble, documentos de una colaboración entre la guerrilla colombiana y ETA en territorio venezolano, lo que dio lugar a peticiones de extradición de presuntos terroristas por parte de la Justicia y la Policía españolas. Ahora se cuenta con lo que algunos expertos no dudan en calificar de pistola humeante: las declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de dos etarras detenidos la semana pasada en el País Vasco de que en el año 2008 ambos fueron enviados por la cúpula etarra a Venezuela, donde fueron recibidos, protegidos y acompañados a prácticas de tiro y manejo de explosivos por un antiguo terrorista, Arturo Cubillas, reconvertido en funcionario del régimen de Chávez y casado con una asesora del vicepresidente del país. La acusación es gravísima, porque ya no estamos hablando de la consideración que la democracia española pueda tener de un sistema político como el venezolano, sino de la supuesta connivencia del mismo con la banda terrorista que ha causado más de ochocientas víctimas mortales en nuestro país. La insinuación intolerable del embajador de Venezuela en España sobre la obtención de dichas declaraciones de etarras mediante la fuerza o la manida interpretación del propio Chávez de que se trata de un elemento más de la conspiración universal contra la revolución bolivariana no han de servir de lenitivo para el Gobierno español: debe exigir a Caracas una explicación clara y urgente y una cooperación práctica y real en la lucha contra ETA.

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