La esquina

josé / aguilar

Susana, Griñán y Chaves

HA tardado un día, Susana Díaz, en reconocer que hará lo que tenía pensado, desde hace tiempo, hacer con los dos ex presidentes de la Junta que tanto le auparon en su carrera política: si Manuel Chaves y José Antonio Griñán acaban siendo imputados en el caso de los ERE deberán abandonar sus escaños de diputado y senador, respectivamente.

El miércoles, tras instar la Fiscalía al Tribunal Supremo a investigar la presunta participación de Chaves y Griñán (y a los ex consejeros Zarrías, Moreno y Viera) en el fraude de los ERE, Susana Díaz se escaqueó de pronunciarse : "No comentamos actos judiciales". El jueves, o sea, ayer, sí comentó ese acto judicial: "Cualquiera que sea imputado deberá dejar su escaño", y despejó posibles dudas: "Me estoy refiriendo a todos". Supongo que, entre medias, ha hablado con los dos damnificados

Como digo, es lo que tenía pensado y decidido desde que entendió que Chaves, Griñán y los otros caminaban de cabeza hacia la imputación. No será la primera vez. Fue ella quien, como secretaria de Organización del PSOE, hubo de pedirle al ex consejero de Empleo Antonio Fernández que entregara su acta por el mismo motivo (relación con los ERE). Aunque se le presupone una gran frialdad en las decisiones políticas, a la presidenta de la Junta le habrá costado, en lo íntimo, desposeer de sus cargos al ex presidente que la promocionó en el PSOE y al ex presidente que la puso donde ahora está (recordemos una vez más que Díaz no ha sido elegida directamente por los ciudadanos andaluces).

La delicada situación política le obliga a ello. El apartamiento de sus mentores del Congreso y del Senado es un efecto ineludible de la convicción de Susana, y de Pedro Sánchez, de que todo lo que no sea firmeza contra la corrupción ayuda a fabricar votantes de Podemos. Al estado que ha llegado la indignación ciudadana ya no es ni siquiera imaginable que los partidos políticos puedan echar mano de la presunción de inocencia. Sería imaginable defender que dejen sus cargos los políticos a los que se abra juicio oral (es lo que se proponía en el frustrado pacto contra la corrupción), no antes, pero, aun siendo imaginable, ya se queda corto. Hace falta que rueden cabezas rápidamente para cortar la hemorragia de descrédito de la clase política.

Es triste, pero las cosas han llegado en España a un punto en que a los políticos se les presupone la culpabilidad, no la inocencia.

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