A raíz de la crisis, la ley fijó el tope salarial de los alcaldes por tramos de población, pero nada se dice del resto de empleados públicos, con lo que las comparaciones son odiosas. ¿Puede un portavoz de la oposición de la Diputación cobrar más que los alcaldes de Cádiz y Jerez? ¿Y puede el presidente del Gobierno cobrar menos que los gerentes de algunas empresas municipales? Todo es relativo y, aparentemente, no debería ser así, pero a tenor de las prebendas de las que gozan los cargos públicos, la respuesta no es tan sencilla. Si los sueldos de nuestros representantes se establecieran por ley, nos habríamos ahorrado un pastizal en los años de los brotes verdes, en que los políticos se revisaban los salarios al alza como quien pide otra ronda de cervezas, y hoy nos evitaríamos ese afán populista por ver qué dirigente es más sensible con el gasto.

Por higiene democrática, para empezar, los salarios de interventores, tesoreros y secretarios municipales no pueden someterse al capricho del alcalde de turno. Y sería preciso más rigor para evitar agravios entre los técnicos y los políticos y el personal asesor de confianza. Las sociedades modernas condenan el despilfarro, pero nadie quiere a mediocres en las instituciones. Los ciudadanos quieren a los mejores perfiles. Y para atraerlos, hasta un niño entendería que es necesario que las ofertas no sean ridículas. Hoy nuestros dirigentes se las desean para sumar a sus listas a los mejores, porque nadie deja su trabajo por una retribución limitada por las circunstancias y por no se sabe cuánto tiempo. Si un director de área puede ganar 70.000 euros al año, no es razonable que a diputados y concejales se les asigne más o menos la mitad. La jerarquización ha de llegar al bolsillo, aunque proporcionalmente, con sentido común. Se supone que la política es pura vocación, no un oficio. Con ello, ni los técnicos tienen que ganar el doble que nuestros políticos, ni al revés.

No debe resultar muy agradable comenzar tu trabajo anunciando tu sueldo a todo quisqui. Y menos aún explicarle al personal que has decidido aumentarte el tuyo, por más que esté justificado, justo cuando los políticos son el principal problema de este país, sólo por detrás del paro. ¿No había nada más urgente? Pero lo más difícil es justificar un aumento de sueldo cuando te has pasado media vida acusando al adversario de esto mismo. Estos bandazos pueden explicar que el Ayuntamiento gaditano diera marcha atrás en el incremento de los sueldos de algunos asesores. La falta de coherencia entre lo que se proclamó hace cuatro años y lo que se pretendía aprobar ha sido decisiva para renunciar a una retribución más digna, con argumentos que son imposible creerse. A la misma hora, el Ayuntamiento de Sevilla aumentó el gasto de la nueva corporación un 40% sin despeinarse. Sea como sea, la coherencia brilla por su ausencia. La misma IU que, en nombre de los parados y los más pobres, rechazó el aumento de los sueldos en Sanlúcar (que finalmente aprobó su junta de gobierno) ha aplaudido con su voto a favor que en la Diputación aumenten los salarios de los cargos públicos. Así nos entretienen, mientras los asuntos que de verdad importan siguen pendientes. Se llama populismo.