LA ministra de Sanidad, candidata a candidata (aspira a que el PSOE de Madrid la elija aspirante a presidenta de dicha comunidad), presentó ayer un proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición que declara la guerra a donuts, tigretones, phoskitos, bucaneros, bollycaos y otros subproductos de la posmodernidad alimenticia infantil.

La nueva norma está bastante justificada porque los españoles estamos gordos, y más que lo vamos a estar si no se pone remedio a una tendencia gastronómica que nos ha llevado en un rato, como quien dice, de famélica legión a batallón de obesos. La obesidad se ha triplicado en veinte años, como si hubiésemos corrido a resarcirnos de las hambres que sufrieron nuestros antepasados. Hemos comido mucho, pero también mal, abandonando las dietas saludables.

Lo peor es que las nuevas generaciones llevan el mismo camino. Uno de cada cuatro niños padece sobrepeso, lo que significa que o están ya enfermos o son propensos a enfermar con los años y los kilos. Le ley prohibirá que se vendan en los centros escolares alimentos y refrescos que incumplan una serie de requisitos nutricionales y obligará a los colegios a ofrecer menús adecuados a las necesidades del alumnado, supervisados por profesionales.

Creo, no obstante, que el mero prohibicionismo es, en cuestión de hábitos y modas, insuficiente. Más efectiva, aunque menos vistosa, resultaría una buena campaña de educación a todos los niveles, empezando por los padres, que serían capaces de anular los efectos de la prohibición suministrando a sus criaturas la golosa basurilla que se les niegue en la escuela. Algunos expertos estiman que la obesidad juvenil obedece menos al consumo mismo de bollería que al sedentarismo que la envuelve, derivado de las actuales formas de ocio (televisión, videoconsolas, móviles...). Así que recomiendan más ejercicio físico y menos sofá. Pero, ya digo, esto es más difícil de cambiar, como todo lo que implica a la sociedad en su conjunto y desborda la potencialidad de una simple norma legislativa.

Como no podía faltar la dosis de buenismo que acompaña cada iniciativa del Gobierno, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición incluye un desiderátum: la prohibición de toda discriminación de las personas por razón de obesidad. ¿Y eso cómo se lleva a la práctica? Tampoco podía faltar un observatorio de la nutrición y la obesidad, vaporoso invento que permitirá a un grupo de especialistas y "representantes de la sociedad civil" elaborar informes sobre los males de la gordura. Nunca se ha visto un gobierno más observador que éste. Lo observa todo. Hasta lo que está más que observado y lo único que requiere es decisión y acción.